Parte de la fortuna y del imperio internacional de las telecomunicaciones del magnate Carlos Slim Helú, el hombre más rico del país, se gestó desde el paraíso fiscal de Bermuda, sede del despacho de servicios offshore Appleby.
En el año 2000, Slim ya tenía una década de reinado en el sector de las telecomunicaciones de México. Y quería ir por más: ese año, su filial de telefonía celular América Móvil cofundó la sociedad Telecom Americas Ltd. en las Bermudas –donde las corporaciones de capital extranjero no pagan impuestos–, junto con las empresas Bell Canada International y SBC Communications.
La sociedad de Bermuda resultó una pieza clave de Slim para asentar su imperio en el sector de la telefonía móvil en Sudamérica Brasil. En febrero de 2001, Telecom Americas Ltd. compró 950 millones de dólares de acciones del gigante Tess, S.A., que posteriormente se renombró Claro Brasil. En julio del año siguiente, América Móvil compró las participaciones de Bell y SBC en Telecom Americas Ltd., y se quedó sola al frente.
Esa fue la primera incursión de Slim en la telefonía móvil latinoamericana, y abrió el camino a un próspero negocio: América Móvil es ahora la empresa líder en las telecomunicaciones del subcontinente, donde cuenta con 362 millones de clientes.
En 2008, la empresa de Slim se acercó por segunda ocasión a Appleby, con el propósito de establecer la sociedad Claro Caimán en las Islas Caimán, para registrar nombres de dominio en la jurisdicción.
Una revisión exhaustiva de los más de 6 millones de archivos internos del despacho Appleby muestra que Slim sólo fue uno de los actores relevantes del poder en México que acudieron al mundo offshore, a veces desde hace más de tres décadas, y ello con distintos propósitos.
Del análisis de los documentos se desprende que Appleby tiene dos tipos de clientes: el primero, en general conformado por particulares, busca en sus servicios offshore la opacidad y la garantía de anonimato de las jurisdicciones secretas, con el objetivo de esconder parte de su dinero o de sus negocios.
El segundo tipo de clientes, integrado en su mayoría por empresas y corporaciones, no pretende actuar en las sombras: incorpora entidades de papel en paraísos fiscales para aprovechar las tasas de recaudación casi nula, como parte de complejas estructuras de ingeniería fiscal diseñadas por firmas de abogados fiscalistas. Ése es el caso, por ejemplo, de América Móvil.
En ambas circunstancias, la incorporación de estructuras offshore es una práctica legal, siempre y cuando el dinero tiene un origen lícito y que los beneficiarios de las sociedades –ya sean individuos o empresas– reporten sus entidades al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Algunas de las empresas y los personajes más acaudalados del país, ya sean financieros, magnates, contratistas de Pemex, e incluso miembros destacados de los Legionarios de Cristo –la congregación católica fundada por el polémico sacerdote Marcial Maciel Degollado– encontraron en Appleby un aliado para incorporar estructuras offshore y maximizar sus ganancias en los paraísos fiscales.
El nombre de Alberto Baillères González, dueño del conglomerado de empresas comerciales, mineras, financieras y aseguradoras que conforman el Grupo Bal y segundo hombre más rico del país, también se encuentra en la lista de clientes de Appleby, aunque no aparece vinculado con ninguna sociedad offshore.
Los archivos internos de Appleby forman parte de “Paradise Papers”, una investigación global basada en 13.4 millones de archivos filtrados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que a su vez los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y 97 medios aliados, entre ellos la revista Proceso.
ESCONDIDOS EN EL PARAÌSO
El empresario Javier Miguel Afif acudió a Appleby en 2007, en medio de una compleja operación de defraudación al IMSS. Los Miguel Afif forman parte de la familia Miguel, de origen libanés, cercana al poder desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que obtuvo numerosos contratos de obra pública en la administración actual.
El 20 de marzo de 2007, Javier Miguel Afif incorporó una sociedad llamada JM Real Estate Limited en las Islas Vírgenes Británicas.
Utilizó esta sociedad de papel para asegurar un préstamo de 5 millones de dólares –de la filial de la Royal Bank de Canadá en Miami– a una de sus empresas en México, llamada Operadora de Centros de Esparcimiento, S.A. de C.V., la cual operaba el centro vacacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “Alfredo López Mateos” de Oaxtepec, en Morelos.
En ese entonces, el centro vacacional estaba en un estado deplorable: la empresa de Miguel Afif tenía la concesión desde 1998 y no le había invertido dinero, aludiendo problemas de liquidez, y estaba demandada por incumplir un pagaré de 15.2 millones de pesos que le había “prestado” otra empresa, llamada Infomin, S.A. de C.V.
Sin embargo, había una trampa: Infomin pertenecía también a Javier Miguel Afif y a su padre, Javier Miguel Nader, quiénes, en otras palabras, se habían demandado a sí mismos. Infomin ganó el juicio y embargó los bienes de la empresa concesionaria del IMSS.
Al revisar los expedientes, el equipo legal de la institución se percató que la familia Miguel Afif estaba detrás de ambas empresas y que había simulado la bancarrota de Promotora de Centros de Esparcimientos. El 8 de abril de 2010, el IMSS demandó a las dos empresas por “simulación”.
El caso se encuentra en un limbo desde que el juez Noveno del Primer Distrito en Materia Civil se declaró incompetente para juzgarlo, en noviembre de 2014. Habían transcurrido cuatro años, un periodo anormalmente largo para que un juez se declare incompetente.
Desde hace más de dos décadas y media, Appleby gestiona una sociedad de tenencia incorporada en las Islas Caimán, creada por el regiomontano José Fernando Calderón Ayala, quien fue consejero de Alfa y de Femsa, la mayor embotelladora de Coca Cola en América Latina, que vende actualmente cerca del 55% de los productos de la refresquera en el país.
Gracias a la herencia de su padre, quien falleció en 2005, y a su participación en los consejos de administración de algunas de las empresas más poderosas del país –entre ellas Femsa–, los hermanos José Francisco y José Calderón Rojas entraron en 2013 en la muy exclusiva lista de las mil personas más ricas del planeta, que integra Forbes cada año. La revista estimó entonces que su fortuna rodeaba los 2 mil 300 millones de dólares.
Calderón Ayala fundó la sociedad Monte Verde Properties el 16 de septiembre de 1982 en el paraíso fiscal caribeño. Lo hizo bajo la modalidad de acciones al portador, que garantiza el anonimato completo de los dueños de la compañía. A lo largo de la última década, la mayoría de las jurisdicciones offshore prohibieron las acciones al portador ante la presión internacional, ya que mafiosos, políticos y terroristas las utilizaban para lavar dinero.
Al fallecer Calderón Ayala, su hijo Francisco José Calderón Rojas asumió la sucesión de los bienes, entre ellos la sociedad incorporada en las Islas Caimán. En septiembre de 2013, él y once de sus hermanos todavía aparecían como accionistas y beneficiarios de la entidad, vinculada a una cuenta bancaria en la Frost National Bank de San Antonio, en Texas, según documentos del despacho.
A principios de los años 80, Pablo González Carbonell, presidente del grupo hotelero Costamex, incorporó tres sociedades –Holidays Clubs, Ltd., Holiday Club International e International Resorts Marketing Ltd.– en las Islas Caimán, para operar centros hoteleros de tiempo compartido en México.
González Carbonell eligió la isla caribeña como domicilio de las sociedades por “propósitos fiscales” y las fundó con acciones al portador, según documentos internos de Appleby consultados. En mayo de 2003, la escritora Gabriela Vargas Guajardo –esposa de González Carbonell– se sumó a la compañía, como directora.
Vargas Guajardo pertenece a la familia que explota la concesión de MVS Radio, de donde la periodista Carmen Aristegui fue despedida en marzo de 2015. El diferendo entre la concesionaria y la periodista se mantiene en tribunales.
Uno de los personajes clave en la estructura offshore que armó González Carbonell en los años 80 fue el polémico financiero Manuel Zubiria Maqueo, cuyo paso por la administración pública, como director de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en la administración de Vicente Fox Quesada, fue marcado por actos de corrupción en la reconstrucción de la Autopista del Sol.
El 3 de diciembre de 2007, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que Zubiria había autorizado una indemnización indebida de 100 millones de pesos a la empresa Gutsa –una de las dos corresponsables del socavón en el “Paso Exprés” de la autopista México-Cuernavaca– por retrasos en la construcción de la carretera. La institución lo inhabilitó a servir en el sector público durante 11 años y le impuso una multa de 42 millones de pesos.
En los archivos internos de Appleby, Zubiria aparece como director de varias entidades offshore y del propio Grupo Costamex, y en 2006, cuando el despacho de Bermuda asumió la administración de las sociedades, el hombre todavía aparecía como director de Costamex.
Entre 2003 y 2008, su hermano José Manuel Zubiria Maqueo dirigió el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el organismo encargado de recaudar impuestos, incluso en algunas entidades incorporadas en paraísos fiscales por ciudadanos mexicanos.
Fue en la década de los ochenta –precisamente el 28 de marzo de 1984– que el banquero y empresario petrolero regiomontano Alfonso Adame Barocio creó un fideicomiso, llamado The Adame Barocio Settlement. En paralelo, creó las empresas Fidelity Investments Inc., Termtec Ltd. y Baron Resorts Ltd., también en la isla caribeña.
Estas entidades, que fueron disueltas en 2008, no sólo tenían cuentas en bancos de Bahamas y las Islas Caimán, sino también algo más valioso: eran dueñas de las acciones de cuatro compañías inmobiliarias, incorporadas en Nevada –Baron Real Estate Inc y Baron Properties–, Texas –Cimarron Properties Ltd– y las Islas Caimán –Madryl Ltd–.
Al cabo de los años, el hijo de Adame Barocio, el empresario tamaulipeco Gerardo Luis Adame Jenkins, se convirtió en codueño de las sociedades, hasta que en julio de 2007, Sharon Klein, abogada de la filial californiana del despacho Greenberg Traurig, informó a Appleby que las entidades serían eliminadas después de transferir a Adame Jenkins todas las acciones y bienes que tenían.
El político priista Joaquín Gamboa Pascoe, quien fue senador y secretario general de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM) del 2005 hasta su muerte –ocurrida en enero de 2016–, utilizó un esquema similar al de Barocio: en 1982, incorporó el fideicomiso Burma 200 Trust en las Islas Caimán, el cual tenía las acciones de una sociedad panameña que llegó a tener inversiones por cerca de 19 millones de dólares en 2004.
Marcelo Zambrano Alanis, residente en Texas, también forma parte de las acaudaladas familias de empresarios regiomontanos: es nieto de Marcelo Zambrano Hellion, quien presidió el consejo de administración de la cementera Cemex entre 1979 y 1995, y sobrino de Rogelio Zambrano Lozano, el actual presidente del mismo.
Junto con Diego Guzmán Treviño, hijo del abogado Guillermo Guzmán de la Garza, Zambrano Alanis creó una estructura offshore en julio de 2012, la cual involucró a una sociedad en Bermuda y otra en el paraíso fiscal de Mauricio, una jurisdicción considerada “de alto riesgo” por el propio Appleby.
De acuerdo con los documentos internos de la firma, la sociedad de Mauricio, llamada Imperium Capital Management Limited, operó durante dos años como fondo de inversiones con altos rendimientos de capital, pues sirvió para especular en productos derivados. Zambrano aseveró que el dinero provenía de su salario, obtenido de su labor en el sector de la finanza inmobiliaria.
Otro empresario mexicano que acudió a las Islas Caimán para incorporar un fideicomiso fue Arturo Iván Gamboa Rullan, el fundador de los laboratorios Ifusa, cofundador y exvicepresidente de la empresa Genomma Lab, quien creó Pride Generation Trust el 27 de junio de 2013 con fines de “planeación fiscal y de sucesión”, según los documentos internos de Appleby.
Gamboa Rullán no es un desconocido en el mundo offshore. Posee estructuras en Bahamas, como lo reportó Proceso en la investigación Bahamasleaks, publicada en septiembre del año pasado.
Como “protectores” del fideicomiso –es decir, las personas encargadas de controlar sus gestión–, Gamboa Rullán nombró a dos de sus hermanos, el financiero Mauricio y el abogado Víctor Manuel, así como al inversionista guatemalteco Fernando Paiz Andrade, quien fue su socio en una sociedad de Bahamas.
Genomma Lab, la empresa que el hombre cofundó con Rodrigo Herrera Aspra, tampoco es novata en la operación de estructuras offshore: en septiembre de 2015, formó parte de un complejo esquema de triangulación para vender Grupo Marzam –entonces número dos del sector farmacéutico– a una sociedad ligada con Grupo Nadro –el número uno– a espaldas de la Comisión Federal de Competencia (Cofece).
Según la investigación global Panama Papers –en la que también participó Proceso–, la estructura movilizó 12 compañías anónimas, una fundación, un fideicomiso y tres bancos. Gracias a esta ingeniería, la Cofece no se percató que la sociedad compradora adquirió Marzam con dinero de Marina Matarazzo, la esposa de Pablo Escandón Cusi, el dueño de Nadro.
En la información que Gamboa Rullán proporcionó a Appleby, el empresario indicó que los fondos del fideicomiso provenían de la “venta de acciones de Genomma Lab”.
Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal en las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles Berlanga, y secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Vicente Fox, aparece vinculado a la sociedad de inversión Jano Ltd., que incorporó su hermano Federico Gertz Manero, en septiembre de 1995 en las Islas Caimán, junto con su concubina Laura Morán Servín.
AQUÌ MÀS INFORMACIÒN:
http://www.proceso.com.mx/509886/slim-los-ultrarricos-exicanos-mundo-offshore
