A una semana de la tragedia que originó el sismo de magnitud 7.1 en el colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 25 personas entre ellas 19 niños, las autoridades no tienen claro si los edificios contaban con la “seguridad estructural y el visto bueno en su operación” para albergar a los 400 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.
Esta mañana la jefa delegacional Claudia Sheinbaum Pardo dio un reporte detallado de los expedientes administrativos. Detalló que los permisos para la construcción en dos predios de la calle de Rancho Tamboreo número 11 y 19 de una escuela para jardín de niños y departamentos en cuatro niveles, datan de 1983.
Sin embargo, en dichos documentos que se fueron modificando por el cambio de las normas, no hay reportes que determinen el inicio de la construcción de la casa propiedad de la directora que se presume su peso podría haber generado que el edificio con el terremoto se viniera abajo y quedaran atrapados niños y maestros, así como las muertes.
Además los Directores Responsables de Obra, en julio 2014 Juan Mario Verlarde Gámez y posteriormente Juan Apolinar Torales Iniestra, avalaron la seguridad estructural del inmueble, luego de hacer pruebas de carga con costales de arena para certificar que el edificio no tenía problemas.
Sobre si los documentos son apócrifos, la funcionaria señaló que hasta el momento su administración no ha detectado la referida irregularidad. Y aclaró que la regulación en los usos de suelo es competencia directa del Instituto de Verificación Administrativa.
No obstante, expuso que en 2010 durante la administración de Higinio Chavez, por denuncia vecinal se hicieron unas clausuras, porque se alertó que se estaba construyendo la casa sin manifestación de construcción.
En 2014, ya con Maricela Contreras según los documentos, precisa la jefa delegacional, está registrado que subsanan las anomalías sin precisar cuáles fueron y se hace el pago de una multa, por lo cual sigue el expediente en regla.
Asimismo reconoció que en julio del 2017 ya en su administración se hizo una visita de prevención a la escuela para dar el visto bueno de seguridad y operación; al faltar algunos aditamentos se les dio el plazo para hacer el requerimiento de tres meses, el cual estaba vigente.
Sin embargo, ante lo sucedido solicitó a expertos del colegio de ingenieros realicen un dictamen para así verificar si la construcción contaba con los requisitos establecidos en la ley para garantizar la seguridad de los niños.
Advirtió de que en caso de encontrar irregularidades presentará las denuncias contra quienes resulten responsables.
Fuente: La Jornada
