Una decena de hombres y mujeres que realizaban trámites migratorios abrieron paso a un contingente de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que escoltaban a un joven delgado en la garita Internacional de Calexico, California. Unos pasos atrás, otro grupo de oficiales trasladaban a otro hombre.

En la base de datos del ICE apareció su identidad y los cargos que enfrenta con la justicia de Estados Unidos, vinculados con el narcotráfico. Cuando lo identificaron, pidió hablar con agentes de la Oficina Federal Antidrogas (DEA) que se encuentran en el edificio del puerto fronterizo.

Acorralado por la sentencia de muerte en Sinaloa, Dámaso López Serrano, El Mini Lic“, huyó de Culiacán para refugiarse en la capital de Baja California.

El sinaloense estaba entre la espada y la pared, pues además de la amenaza, conocía también una investigación para su detención por conspirar en el tráfico y distribución de droga en Estados Unidos que se encuentra en la Corte federal de San Diego en octubre de 2016.

La mañana del jueves, antes del mediodía y junto con uno de sus escoltas, el ahijado de Joaquín El Chapo Guzmán e hijo de Damaso López Núñez, operador del Cártel de Sinaloa, se enfiló hacia el norte de la ciudad de Mexicali para entrar a territorio estadunidense por la garita de Calexico.

“El Mini Lic” mantiene una confrontación con los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, que se intensificó a raíz de su “levantón” en 2016 en un restaurante de Guadalajara, Jalisco. A López Serrano se le atribuye la privación de libertad de los Guzmán.

El círculo se cerró pues también se confrontó con Ismael Zambada, El Mayo.

Fuentes consultadas advirtieron que la lucha intestina por el control de esa organización criminal provocó, en junio, la quema de casas y ranchos de López Serrano en Sinaloa.

De forma extraoficial se dio a conocer que el ahora detenido tiene diversas propiedades en la zona agrícola de Mexicali y en Calexico, California, hacia donde se dirigía antes de su arresto.

Una posible entrega en acuerdo con la DEA, lo pondría en una situación de negociar penas menores por el juicio que enfrenta en Estados Unidos o, en su caso, integrarse a la lista de testigos protegidos. De confirmarse esa versión se recrudecería la violencia en varias ciudades del pacífico mexicano por la delación de operaciones y estructura del cártel sinalonese.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/