Al expresar indignación por el homicidio de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades estatales una investigación profesional, pronta y exhaustiva del caso, para dar con los responsables y que respondan ante la justicia a fin de evitar la impunidad.
Asimismo, pidió medidas cautelares en favor de la familia y de integrantes del colectivo que representaba.
En un comunicado, el organismo destacó “el incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a los derechos fundamentales de quienes se desempeñan como defensoras y defensores están en situación de riesgo”.
La CNDH señaló que este crimen provoca preocupación pues “se trata de la muerte de una defensora que decidió y tuvo el valor de romper el silencio ante la desaparición y muerte de su hija, que dedicó sus esfuerzos a localizar sus restos y que tuvo la valentía de identificar a los responsables. Este hecho condenable ocurre precisamente el día en que se festeja a las madres en México”.
Agregó que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere contra el derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, “las autoridades de todos los niveles deben atender el sensible problema que representan las agresiones a los defensores de derechos humanos, que sólo así estarán en posibilidad de cumplir con su tarea de proteger y velar por el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas”.
“De acuerdo con la Recomendación General 25 sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, emitida por la Comisión Nacional, es necesaria la sensibilización y profesionalización de los servidores públicos involucrados en la investigación y procuración de justicia, con el propósito de abatir el nivel de agresiones contra personas defensoras, mediante la identificación, atención, sanción y prevención de esos delitos en función del contexto sociopolítico que las víctimas enfrentan como consecuencia de su labor, de tal manera que el Estado asegure el libre ejercicio del derecho a defender los derechos humanos de todo individuo”, indica el comunicado emitido por la CNDH.
Y recriminó que pese a que en esa recomendación también se pidió a las altas autoridades de los tres niveles de gobierno, desplegar campañas a favor de las defensoras y los defensores de Derechos Humanos, para destacar la importancia de su trabajo y evitar su criminalización, a la fecha éstas no se han dado.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/
