Los efectos demoledores de la política de tolerancia cero de Donald Trump están lejos de ser corregidos como ordenó la justicia. El Gobierno de EE UU ha deportado al menos a 463 padres que fueron separados de sus hijos en la frontera entre mayo y junio. La cifra, según reconoce la administración, es preliminar y el número podría ser aún mayor. La mayoría de estos padres han sido enviados a sus países en Centroamérica mientras sus hijos, con edades desde los 17 a los cinco años, permanecen en EE UU bajo custodia federal a miles de kilómetros de los suyos. El gobierno no ha explicado ni cómo ni cuándo podrían ser reagrupadas estas familias.

La novedad sobre la cantidad de padres ya deportados subraya el desbarajuste en el que se encuentra la administración para cumplir con la orden de un juez federal de tener reunificados este jueves –como fecha límite– a 2.551 menores entre cinco y 17 años.

Este lunes el gobierno informó de que había reunido de momento a 879 padres con sus hijos y de que otros 538 han sido aprobados para poder ser también reagrupados. En resumen, de cara al jueves se estima que solo se habrá podido cumplir con la mitad de los casos exigidos por el juez, que había establecido otro plazo más urgente para la reunificación de 103 menores de cinco años (10 de julio) que tampoco satisfizo el gobierno –hasta la fecha, solo 58 de ellos están con sus padres–.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en sus siglas en inglés), una organización que está ganando a toda velocidad peso político por su activismo en la era Trump, ha afirmado que existen indicios de que muchos padres firmaron su orden de deportación en gran estado de nerviosismo por haber sido separados de sus hijos y sin el debido acceso a asesoría jurídica. La organización da por sentado que localizar a los inmigrantes deportados en sus países y unirlos de nuevo con sus hijos será tarea ardua.

A la vez, la ACLU sigue batallando en los tribunales para frenar la deportación de familias –los padres y los niños– que sí han sido reagrupadas. El juez del caso accedió hace dos semanas a paralizar temporalmente esa vía. Este mismo martes, sin embargo, el Gobierno de Trump ha vuelto a reivindicar ante el magistrado que tiene la potestad de ejecutar su expulsión inmediata.

Los problemas para juntar a las familias responden a lo abrupto de la aplicación de la política de tolerancia cero, con la que Trump, para mostrar mano dura con la inmigración ilegal, ordenó que todos los indocumentados detenidos en la frontera fuesen procesados por la vía penal.

Esto llevó a que la policía fronteriza separase a los que venían con sus hijos, porque la ley prohíbe que los menores sean recluidos en centros para adultos. Esta nueva política se comenzó a aplicar de improviso sin la planificación adecuada y, cuando el juez ordenó frenar las separaciones y juntar a las familias, quedó al desnudo el caos de la administración, incapaz de reagrupar con premura a padres e hijos.

Además ha sido denunciado el mal trato dado a algunos menores bajo custodia, expuestos a frío intenso y comida y agua en mal estado. Y a los padres, según denuncias de congresistas demócratas, se les ha llegado a cobrar en los centros de internamiento hasta ocho dólares por minuto para poder hablar con sus hijos separados.

Fuente: El País