Un tribunal federal en Nueva York frenó hoy la decisión de la Administración de Donald Trump de poner fin al programa DACA, que beneficia a miles de jóvenes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos durante su infancia, conocidos como "dreamers" (soñadores).
De acuerdo con el juez Nicholas Garaufis, a cargo del caso, presentado en septiembre del año pasado en Nueva York por cinco jóvenes que se benefician del programa, conocidos como "soñadores", el Gobierno de Trump no puede poner fin a la iniciativa, que tiene como último día de vida el próximo 5 de marzo.
Indica que esa decisión del Gobierno estuvo basada "exclusivamente en la conclusión legal de que el programa era inconstitucional".
"Debido a que la decisión fue errónea, la decisión de poner fin al programa no puede permanecer", indicó el juez sobre el programa, creado en 2012 por la Administración de Barack Obama, que beneficia a 800 mil jóvenes a los que ha protegido de la deportación, les ha otorgado permisos de trabajo y licencias de conducir.
Señala además que el programa simplemente reflejó la determinación del Gobierno de Obama de que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional no deben ser usados para deportar individuos que fueron traídos a este país cuando eran niños, estudiaron o cumplieron con el requerimiento de servicio militar y no tienen pasado criminal.
La decisión del juez Garaufis es la segunda de una corte federal, luego de que el juez William Alsup, de San Francisco, decidiera el pasado enero que el programa debe continuar, lo que fue apelado por el Gobierno y está previsto que el viernes la Corte Suprema decida si verá el caso.
En mayo del año pasado, el fiscal general de EU, Jeff Sessions, anunció el fin del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), cumpliendo así una promesa electoral de Trump.
Se estableció como fecha límite el 5 de marzo, lo que daba un plazo de seis meses al Congreso para buscar una solución para estos jóvenes indocumentados.
En septiembre del año pasado cinco "soñadores" que se benefician del programa demandaron a la administración Trump argumentando que su acción viola las leyes federales y la Constitución que garantiza la igualdad.
El pasado 30 de enero una coalición de dieciséis fiscales generales demócratas, liderados por el de Nueva York, Eric Schneiderman, se unieron en apoyo a la demanda de septiembre que pide la protección del DACA.
Los fiscales argumentaron al tribunal que la decisión del Gobierno viola los derechos del debido proceso y afecta a los residentes, instituciones y economías de los estados.
Argumentaron además que poner fin al programa viola la cláusula de igual protección de la Constitución por discriminar contra los mexicanos, que representan el 78% de los que se benefician de la iniciativa.
Fuente: EFE
