La justicia belga ha decidido dejar en libertad a los cinco ex miembros del Gobierno catalán acusados de rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia y prevaricación con la condición de no abandonar el país, comparecer cada vez que sean llamados y comunicar una residencia fija. El expresident Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros se entregaron en una comisaría de la capital belga por la mañana y declararon durante la tarde-noche en el edificio de la Fiscalía de Bruselas. Al filo de la medianoche, el juez comunicó que no había motivos para mantenerlos en prisión provisional mientras se decide su entrega a España. Un tribunal de primera instancia deberá volver a citarlos en un plazo máximo de 15 días
Los tribunales belgas toman el testigo en el caso de los miembros del Govern huidos a Bélgica. Los paseos por la ciudad, las escapadas en taxi a toda velocidad, las comparecencias de prensa y las imágenes captadas furtivamente en cafés dieron este domingo paso a la cruda realidad: Puigdemont y los cuatro exconsejeros que se hallan todavía en Bélgica son para la justicia española prófugos y no un grupo de políticos en medio de una gira internacional.
Con la llegada de la euroorden de detención a Bruselas, emitida por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, la persecución de los delitos que se atribuyen a Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret dejó de ser un asunto español para implicar también a los tribunales belgas. Conscientes de la posibilidad de ser arrestados de forma inminente, los cinco se entregaron a la Policía Federal a primera hora de este domingo. Lo hicieron a las 9.17 en una céntrica comisaría de Bruselas, tal y como habían pactado con las autoridades. “En casos mediatizados y en los que sabemos dónde está la persona, a veces no es necesario un despliegue de fuerza si está dispuesta a entregarse”, explicó la fiscalía.
Empezó entonces la cuenta atrás. Podían permanecer detenidos un máximo de 24 horas mientras un juez decidía entre tres opciones: rechazar la euroorden, mantener a Puigdemont y sus excompañeros en prisión provisional o dejarlos en libertad bajo ciertas condiciones como la imposibilidad de viajar o el pago de una fianza. El mayor o menor riesgo de fuga se presentaba como un factor decisivo para que se impusiera una u otra medida, pero finalmente los cinco quedaron en libertad a la espera de que se resuelva el procedimiento judicial sobre su entrega a España, que en teoría se puede alargar hasta 90 días.
Los responsables de la fiscalía no descartaban que se impusieran restricciones que dificultarían la campaña de Puigdemont desde Bélgica para las elecciones del 21-D: “El juez podría considerar que no debe tener contacto con los medios de comunicación", advertía su portavoz, Gilles Dejemeppe. Pero la amenaza no se cumplió. La fiscalía impuso a los acusados la obligación de permanecer en el país mientras dura el proceso, comparecer cuando sean llamados y comunicar una residencia fija.
Los acusados fueron trasladados en varios coches desde dependencias policiales hasta el edificio de la Fiscalía de Bruselas, donde terminaron de declarar a las nueve de la noche y salieron de sus instalaciones al filo de la medianoche sin dejarse ver ni dirigirse a los medios. Durante la tarde se les tomó declaración uno a uno a puerta cerrada en presencia de un intérprete, dado que Puigdemont y sus exconsejeros eligieron que la audiencia ante el juez se desarrollara en neerlandés en lugar de en francés, la otra alternativa. Aunque los motivos de la elección no trascendieron, dicho idioma es el utilizado por su abogado, Paul Bekaert, y es la lengua de Flandes, la región donde más simpatías cosecha el independentismo en Bélgica.
Fuente: El Paìs
