La juez Carmen Lamela ordenó la busca y captura nacional e internacional y emitió una orden europea de detención contra Carles Puigdemont y los cuatros exconsejeros que optaron por quedarse en Bélgica y desoír la citación judicial para declarar como imputados por rebelión, sedición y malversación de fondos.

Los cinco están imputados por rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

Junto al expresidente catalán están en Bélgica los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Meritxell Serret (Agricultura) y Lluís Puig (Cultura).

La juez Lamela afirmó que Puigdemont aprovechó su cargo al frente del gobierno para llevar a cabo un referendo independentista para lograr en España la secesión de Caluña junto a otras autoridades, funcionarios públicos y entidades públicas y privadas catalanas.

Para ello promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección y desafiando el ordenamiento constitucional”, señaló la magistrada, conforme al diario El País.

La juez redactó 10 autos, dos por cada investigado, en uno tramita la orden de detención ante la fiscalía federal de Bélgica, que ya se mandó y se insertó en Sirene, el programa de la policía.

Por otro lado, se envió una orden nacional e internacional a través de policía y Guardia Civil, por si llegara a salir de Bélgica.

La magistrada describe cómo, a pesar de la sentencia del Constitucional de diciembre de 2015, el ahora expresidente continuó impulsando las medidas necesarias para crear un futuro Estado catalán independiente valiéndose del poder que otorgaba tener mayoría absoluta de diputados, no de votos.

En uno de los autos, la juez ordena la “busca y captura” nacional e internacional de Puigdemont, así como su ingreso en prisión sin fianza.

La magistrada motivó la decisión por el hecho de que el expresidente se encuentra en paradero desconocido, al no haber sido localizado en su domicilio.

Además, le negó la petición de Puigdemont y de los otros cuatro consejeros instalados en Bélgica de declarar por videoconferencia.

“Ninguno de ellos explica los motivos que le asisten”.

Ese derecho, recordó, está previsto para residentes en el extranjero, no para quien “se fugan y se refugian” en un Estado miembro para no estar a disposición de los tribunales.

Con información de EFE