A lo largo de la mañana, los ocho integrantes del gobierno catalán cesado y los seis diputados de la Mesa del Parlamento acusados por los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y cohecho comparecieron ante el Tribunal Supremo y ante la Audiencia Nacional.
La Fiscalía española solicitó a la juez Carmen Lamela, que juzgará únicamente a los dirigentes políticos que integraban el gobierno de Carles Puigdemont, incluido él mismo, que dicte orden de prisión incondicional para todos ellos, con la excepción del ex consejero de Empresa Santi Vila, que decidió renunciar un día antes de la declaración unilateral de independencia.
Puigdemont, que se encuentra en Bruselas junto con cuatro consejeros más, solicitaron comparecer a distancia, al considerar que no tiene “garantías” para un juicio justo y al atacar a la justicia española por su politización flagrante. Los que sí acudieron al llamado de los tribunales españoles fueron el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los ocho consejeros destituidos: Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borrás (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Santi Vila (Empresa) y Joaquim Forn (Interior).
Como era de esperar, la Fiscalía española reclamó a la juez de la Audiencia Nacional que envíe a prisión a los integrantes del gobierno catalán cesado en virtud de la gravedad de los delitos imputados y ante el riesgo de fuga, al contemplar como antecedente pernicioso para su causa el hecho de que su líder, Puigdemont, se niegue a acudir a los tribunales para responder por los delitos que se le imputan. El Ministerio Público pidió una fianza de 50 mil euros para Santi Vila para eludir la cárcel, quien además fue el único que respondió a todas las preguntas, mientras que el resto de consejeros se limitaron a responder a los cuestionamientos de sus abogados.
La juez asumió la gravedad de los hechos de los que se les investiga y por eso fijó para todos los imputados una fianza de 6.2 millones de euros, que deben pagar en el plazo de tres días si no quieren que se les embarguen sus bienes.
En el caso de los seis diputados de la Mesa del Parlamento, que serán juzgados en el Tribunal Supremo por su condición de aforados al pertenecer a la Diputación Permanente, el órgano judicial decidió posponer su declaración a petición de los propios acusados y para el próximo 9 de noviembre. A los que a cambio ordenó que se les ponga bajo vigilancia policial, incluida a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell.
Ahora se está a la espera de que la juez decida si finalmente ordena o no la prisión incondicional.
Fuente: LA JORNADA
