La juez de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, envió este lunes a prisión a los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por el delito de sedición.

La magistrada los acusa de “promover” el 20 de septiembre el asedio por el que varios agentes de la Guardia Civil (en calidad de policía judicial) permanecieron casi 24 horas encerrados en la Consejería de Economía catalana en un registro vinculado a los preparativos de la consulta ilegal.

Lamela adoptó esta decisión en un auto a petición de la Fiscalía tras rechazar su solicitud de enviar a prisión por estos mismos hechos al jefe de la Policía regional catalana (Mossos d’Esquadra), Josep Lluis Trapero, al que impuso medidas cautelares leves.

Sánchez y Cuixart, a los que la juez asigna el papel de “promotores y directores” de las concentraciones frente a la sede de la Consejería de Economía, son los únicos de los cuatro investigados por sedición en relación con ese asedio que ingresan en prisión, tras proponerlo la Fiscalía.

En ese papel de promotores, los dos se mantuvieron al frente de las concentraciones “durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes”, agrega el auto.

Para decretar la prisión, Lamela aprecia en el auto riesgo de reiteración delictiva, “ya que viene operando dentro de un grupo organizado de personas”, y también observa “alta probabilidad” de que los investigados puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba.

Además de los hechos del 20 de septiembre, Lamela destaca también que las mismas cuentas de whatsapp utilizadas para promover el asedio frente a la Consejería, también se usaron el 1 de octubre, fecha de la celebración del referéndum ilegal independentista.

Desde ellas, “realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales”.

Con respecto a los hechos del 20 de septiembre, la magistrada relata cómo desde estas entidades se lanzaron mensajes en las redes sociales no para participar en una manifestación pacífica, sino para la “protección” de sus gobernantes con consignas como “parar a la Guardia Civil”.

Tanto es así que algunos de los congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches mientras otros empujaron a los agentes, y hubo quienes bloquearon la salida de un vehículo, añade.

“Todos estos hechos de carácter objetivo ponen de manifiesto (…) que la actuación de ambos investigados, apelando a la resistencia, estaba orientada a impedir la aplicación de la Ley y de las resoluciones”, destaca el auto.

Con ello, según la juez, pretendían “impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución”.

La juez apunta a Cuixart y Sánchez como los “interlocutores” de las movilizaciones, pero sin aceptar las opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos, ni tratar de desconvocar o diluir esas concentraciones, informa EFE.