Greg Abbott, gobernador de Texas, ratificó el proyecto de ley estatal que prohíbe las ” ciudades santuario ” en el estado y permitirá a la policía cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas.

“Texas ha prohibido las ‘ciudades santuario’ en el estado de la estrella solitaria”, dijo el mandatario tejano en breve emisión en vivo por Facebook desde el Capitolio de Texas.

La legislación conocida como “enséñame los papeles”, busca penalizar a los gobiernos locales y a las universidades que decidan no cooperar con las autoridades migratorias federales en la identificación de los inmigrantes indocumentados para favorecerles y protegerles de la deportación.

En la ley conocida como SB4, la iniciativa que prohíbe las denominadas “ciudades santuario”, el gobernador firmó también una enmienda aprobada la semana pasada por la Cámara de representantes que permitirá a los agentes de policía cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas en Texas.

Según esta adición, muy similar a una aprobada en Arizona en 2010, las autoridades policiales podrán preguntar el estatus migratorio de las personas que, por ejemplo, detengan por un asunto de tránsito.

También podría acarrear penas de cárcel para los sheriffs tejanos que estén al cargo de las oficinas que no cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Dicha legislación era una de las prioridades en la presente sesión legislativa estatal de Abbott.

Ley lesciva para mexicanos

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su “preocupación” ya que esta ley “contiene elementos que podrían ser lesivos para los derechos de las personas mexicanas y de origen mexicano que viven en ese estado, y que representan cerca de una tercera parte de su población total”.

De acuerdo con el Pew Research Center, alrededor de cuatro millones de latinos viven en Texas, de los cuales nueve de cada diez son de origen mexicano.

Las disposiciones de la nueva ley obligan a todos los gobiernos locales y entidades públicas –entre ellas las universidades– a aplicar estrictamente las leyes migratorias y a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los procesos de detención de migrantes indocumentados.

“Este tipo de medidas criminalizan aún más el fenómeno migratorio, fomentan actos de discriminación racial y reducen la colaboración de la comunidad migrante con las autoridades locales”, sostuvo la Cancillería.