La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aseguró maquinaria y cerca de 300 metros cúbicos de madera de Pino, a tres Centros de Almacenamiento y Transformación de Productos Forestales Maderables (CAT), los cuales tenían permiso para el 10% de la madera que ilegalmente tenían en posesión. Fue clausurado uno de los aserraderos, ubicados en Zacatlán, Puebla.

Para obtener los casi 300 m3 del producto maderable, se estima que los talamontes deforestaron alrededor de 41 mil 250 metros cuadrados, donde derribaron 2,475 ejemplares de Pino, de un diámetro promedio de 30 centímetros y altura de 25 metros, en un bosque de Pino con una densidad de, en promedio, 600 árboles por hectárea.

Para la reforestación y obtención de esa cantidad de árboles maduros y reparación del daño en igualdad de condiciones a las que se encontraban los ejemplares, se requerirá de al menos 2,784 plántulas de pino con protección (considerando una pérdida del 11% para lograr la sobrevivencia de 2,475 ejemplares) y cuidado durante aproximadamente 25 años.

Personal de Inspección de la PROFEPA detectó que en alrededor de tres mil metros cuadrados, en sendos predios, los aserraderos El Capulín, Juquila y La Mesa, ubicados en Atotonilco, Municipio de Zacatlán, tenían 264.204 m3 de madera en rollo y 33.101 m3 aserrados del género Pinus sp. (Pino).

Al primero de los CAT inspeccionados, Aserradero El Capulín, se le encontró 37.242 m3 de madera en rollo, 11.614 m3 de madera en escuadría que corresponden al género Pinus sp., una torre de aserrío, un motor mecánico para accionar la torre principal y un carro manual de empuje.

El segundo, Aserradero Juquila, tenía 220.778 m3, de madera en rollo, 21.487 m3 de madera en escuadría del género Pinus sp., tres máquinas (banco de madera con sierra circular, una torre principal de aserrío, un carro de empuje) y se impuso la clausura total temporal. Tenía autorización sólo para 28 metros cúbicos de producto maderable.

El Aserradero La Mesa tenía 6.184 m3 de madera en rollo de Pino.

En las visitas de inspección, los CAT mencionados no acreditaron la legal procedencia de la totalidad de la madera.

Las irregularidades que motivaron la imposición de las medidas de seguridad por parte del personal de la PROFEPA fueron el no haber acreditado la legal procedencia, carecer de sistemas de control de entradas y salidas de los productos forestales maderables y el incumplimiento a las condicionantes de la autorización para su operación, emitida por la SEMARNAT, de acuerdo con los artículos 93 y 94 fracciones I y III; y 115, primer párrafo, fracciones I, II, III, IV, V y VI del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS).

Por lo anterior, los inspeccionados podrán hacerse acreedores a multas que van de las 100 a las 20 mil Unidades de Medida y Actualización vigentes, así como al decomiso de las materias primas y productos forestales, en caso de que no logren acreditar su legal procedencia.