La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió hoy una recomendación al gobierno del estado por el linchamiento de Rey David y José Abraham Copado Molina, dos encuestadores que fueron quemados en la plaza pública de Ajalpan sin que la autoridad detuviera el hecho; lo que evidencia la fragilidad del Estado de Derecho en Puebla, resumió el organismo nacional.

La CNDH informó que esta recomendación sería expuesta en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), como ejemplo de las correcciones en la adopción de acciones y medidas en la inacción de un Estado y para prevenir casos de linchamientos, protocolos de actuación para las instancias de seguridad pública y la capacitación de servidores públicos en el diálogo y la mediación ante este tipo de eventos.

A más de dos años de los hechos registrados el 19 de octubre de 2015, el organismo emitió la Recomendación 78/2017 donde sostiene que hubo omisión de actuación de las administraciones encabezadas por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle y sobre todo del edil de Ajalpan lo que provocó que se violaran los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la vida de los jóvenes que trabajaban para una empresa encuestadora que realizaban un estudio de los hábitos de compra y consumo de tortilla de maíz en el municipio; pero al ser calificados como “sospechosos” y confundidos con delincuentes fueron golpeados y finalmente, quemados vivos.

En el desarrollo de la Recomendación la CNDH documenta que este hecho fue conocido por el Ayuntamiento de Ajalpan y de las Secretarías de Seguridad Pública y General de Gobierno del Estado, como integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sin que hubiera evidencia de una acción de la autoridad para frenarlos.

El Organismo Nacional en el recuento de los hechos constató la omisión de la autoridad municipal, que no solicitó apoyo a corporaciones de seguridad pública de municipios aledaños y a la Policía Estatal, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la intención de la población que se aglomeraba al exterior de la comandancia para linchar a los dos hombres.

“Las autoridades no adoptaron medidas para su prevención o protocolos de actuación para evitar la consumación del hecho, a pesar de que contaban con antecedentes y suficiente información de tal índole, lo cual acredita la responsabilidad por falta de prevención y protección en casos de linchamientos”, sostiene la CNDH en la Recomendación.

La CNDH  documentó que no se adoptaron en ningún momento ni a tiempo medidas necesarias y pertinentes para la protección de las víctimas, permitiendo el ingreso y permanencia en las instalaciones municipales de personas que alteraron el orden público, lo que trajo como resultado la pérdida de dos vidas, también se acreditó la actuación omisa del Presidente Municipal de Ajalpan, quien fue enterado oportunamente de la situación, y pese a que se encontraba a 10 minutos del lugar se presentó cuatro horas después.

Se confirmó que al arribo de la Policía Estatal a la Presidencia de Ajalpan, uno de los jóvenes se encontraba con vida, y al ser agredidos y replegados por la multitud, los elementos estatales no realizaron mayores acciones para el rescate de la víctima.

Este hecho también fue del conocimiento de un delegado distrital de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla, sin que diera cumplimiento a las disposiciones del “Protocolo para la búsqueda de soluciones pacíficas, el diálogo y el respeto de los derechos humanos”.

Linchamientos y omisión del Estado, una historia ya contada en Puebla

El fenómeno del linchamiento o de la justicia por propia mano es una historia frecuente  en Puebla que “evidencia la fragilidad del Estado de Derecho”, la CNDH refirió en la Recomendación que al en los últimos cuatro años hubo 16 hechos similares sin que haya evidencia de una acción de la autoridad para frenarlos.

En estos eventos se rescató con vida a 21 personas y 6 más fallecieron, hechos que sin la omisión de la autoridad hubieran podido evitarse.

Crear fideicomiso para uno de los hijos de las víctimas, entre las Recomendaciones

La CNDH pide a Tony Gali Fayad en su carácter de gobernador de Puebla y al Ayuntamiento de Ajalpan realizar la inscripción de los familiares de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que accedan en lo conducente a la reparación integral del daño.

De manera particular, se recomendó a Gali Fayad constituir un fideicomiso que garantice los estudios hasta el nivel superior de los hijos de una de las víctimas, incluyendo la entrega de uniformes y útiles escolares.

La CNDH pide al gobierno estatal colaborar con el seguimiento de las denuncias y quejas que se presenten ante la Secretaría General del Congreso del Estado, la Fiscalía General, la Secretaría de la Contraloría, la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Contraloría Municipal de Ajalpan, contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos.

Llevar a cabo el estudio, actualización y publicación del “Protocolo para la búsqueda de soluciones pacíficas, el diálogo y el respeto de los derechos”, y del Bando de Policía y Gobierno de Ajalpan.

Realizar un Diagnóstico de la Operatividad del Centro Coordinador de Seguridad Pública y del Servicio de Llamadas de Emergencia del Estado, y ejecutar las propuestas que del mismo se deriven. Capacitar en materia de derechos humanos y mediación a funcionarios municipales y estatales, a partir del estudio de casos de linchamiento.

Efectuar dos jornadas de cultura de la legalidad y justicia, para lo cual se deberán hacer partícipes a los medios de comunicación.

Pide que el Congreso del Estado inicie los trabajos legislativos para armonizar la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Puebla con la Ley General de Víctimas, la publicación de su Reglamento en el Periódico Oficial del Estado, y poner en operación la Comisión Estatal de Víctimas y los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos.

El Organismo Nacional relató que aunque la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla inició de oficio el expediente 6531/2015 a unos días del hecho, fue por la nota “Familia de linchados en Ajalpan demandará a gobierno de Puebla” publicada en el diario nacional el 5 de noviembre de 2015 lo que detonó que la CNDH ejerciera la facultad de atracción, radicando el expediente de queja CNDH/2/2015/9193/Q.