Ninguno de los 339 Sujetos Obligados en el estado cumplió con la totalidad de sus obligaciones marcadas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública revelaron los resultados de la segunda revisión diagnóstica presentada hoy por el órgano garante de transparencia, ITAIP. 

A pesar de las prórrogas de más de siete meses a los Sujetos Obligados desde que se homologó la ley y de las observaciones a las fallas hechas en el primer diagnóstico ---cuyo cierre se hizo el 18 de agosto de este año--, menos del 25 por ciento de los entes que administran dinero público, corrigió los señalamientos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) 

Los incumplimientos para difundir información pública en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia este año no serán sancionados, explicó Gabriela Sierra, comisionada presidenta del ITAIP, pero señaló que a partir del próximo año se impondrán sanciones a los sujetos que no cumplan, las cuales irán desde los 12 a los 120 mil pesos.

En esta segunda revisión de los 339 Sujetos Obligados, sólo 69 corrigieron, en 20 días, las fallas que les fueron señaladas. 

Sierra confirmó que estos 69 entes a su vez son parte de los 121 Sujetos Obligados que en el primer examen diagnóstico difundieron la información pública, pero incompleta. 

En respuesta expresa sostuvo que entre estos 69 sujetos obligados que trataron de transparentar uso y destino de presupuestos, procesos administrativos, entre algunas de los mandatos de ley, no están los sindicatos y sí el Congreso local. 

“De éstos 69 si subsanaron la mayoría de “áreas de totalidad”, pero ninguno al 100 por ciento”, dijo.

La comisionada presidenta sin embargo asentó que los Sujetos Obligados tienen la oportunidad de subir su información al Sistema de Información en Portales de Transparencia y actualizarla hasta enero del 2018, por lo que las denuncias e incumplimientos podrán señalarse en el mes de febrero próximo.

Asentó también que las limitaciones técnicas y materiales de las dependencias de gobierno, los entes del poder Ejecutivo, Judicial, fideicomisos, entes autónomos como la Comisión de Derechos Humanos Puebla, la Fiscalía General del Estado así como todos los ayuntamientos del Estado, no son excusas para no cumplir con la ley.