Censos tardíos e incompletos de parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), falta de documentación de la tenencia de suelo o probatoria de la propiedad, imposibilidad de ciudadanos para cumplir con las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), dejará fuera a más del 50 por ciento de damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre de los mecanismos de ayuda u apoyos oficiales y gubernamentales. 

Ése fue el cálculo de tres colectivos civiles involucrados en proyectos de reconstrucción de viviendas en tres municipios del estado de Puebla que fue expuesto hoy durante el simposio “Después del desastre: la reconstrucción. Propuesta México” celebrado en la Universidad Iberoamericana. 

Esteban Calderas y Ernesto Juárez, directivos de la organización nacional Infrarural, revelaron que al menos en Alpanocan --- municipio que tuvo un 90 por ciento de afectación en las viviendas tras el sismo--- , la mitad de los damnificados quedará fuera de los apoyos gubernamentales por errores en el censo levantado por SEDATU que no corresponde con los datos reales de afectación  o los damnificados no cumplen con las reglas del FONDEN, lo que les impedirá acceder a recursos públicos.

Los integrantes del colectivo formado por ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicaron que Alpanocan fue electo tras el diagnóstico de los municipios más afectados que colindan con el estado de Morelos. 

“En el levantamiento inmediato que hicimos pudimos advertir que los estados colindantes de Puebla con Morelos no había análisis ni diagnósticos rigurosos, existen viviendas que fueron censadas más de una vez y algunas que fueron ignoradas e incluso no había claridad de los habitantes de los autores estos censos”, dijo el ingeniero Ernesto Juárez. 

El directivo de Infrarural sostuvo que esta “desorganización” del gobierno sólo beneficiará a actores electorales en los comicios que vivirá el país el próximo año.

“Esta damnificación se presta para campañas electorales. Les cayó como anillo al dedo que el hecho que sucediera esto en una coyuntura electoral tan importante”, asentó. 

“Ahora empezará el reparto de casas, el regalo de material y la coacción del voto”, sostuvieron los integrantes de la empresa social formado hace 11 años que trabaja con comunidades rurales de alta marginación y rezago. 

Además, los ingenieros criticaron que el proceso de ayuda en la reconstrucción les es ajeno y lejano a las víctimas del desastre, pues las personas afectadas se enteran del beneficio luego de que son publicados sus nombres en listas, sin que se expliquen mecanismos y razones de su rechazo en casos particulares.

“REPETIMOS CENSO Y DIAGNÓSTICO, PERO FUE INÚTIL”

Paulina Veana Schiavon, directora y miembro de la organización Re…La Mixteca que trabaja en Chietla, evidenció también los errores en la evaluación de los daños de las viviendas.

Veana, ingeniera del Tecnológico de Monterrey, aseguró que el colectivo prácticamente repitió el censo y el diagnóstico levantado por los funcionarios de los gobiernos municipal y federal y advirtieron que éste tampoco correspondía a la realidad de la afectación en la zona.

“Existen al menos 2 mil expedientes que levantamos y que me llevé a mi casa por el temor de que se perdieran en el ayuntamiento…Esos levantamientos no coinciden con el dato de Sedatu. Hubo una junta en la que lloré cuando supe la cantidad de personas que se quedarán sin ayuda y el mecanismo que se usaría y con el que se determinó que quedarían fuera. Fue muy duro”, dijo. 

En Chietla más del 60 por ciento de la población se encuentra en condiciones de pobreza moderada o extrema y aproximadamente el 50 por ciento de la misma población se encuentra afectada por el sismo.

REGLAS DEL FONDEN DEJAN FUERA A RICOS Y POBRES

Reglas del Fonden impiden dar recursos a sectores de ingresos medios y altos, pero también a los más afectados y pobres que ni siquiera podría probar la tenencia de su predio. 

El arquitecto Diego Riva, director de Desarrollo Sustentable Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) e integrante de la Iniciativa OCH8.2 --- que trabaja en la comunidad de Buena Vista---, señaló que las cinco familias que han sido apoyadas por el colectivo con la construcción de viviendas son acompañados también legalmente pues los pobladores en el medio rural no tienen documentación que compruebe su propiedad lo que les excluirá del proceso de ayuda oficial.

Aseguró que la tardía intervención fue un freno para recibir el apoyo de los fondos públicos de los afectados pues los pobladores tuvieron que quitar ellos mismos los escombros de sus casas por resultar peligrosos para niños y ancianos, sin saber que quitaron evidencia del derrumbe y con ello el indicador que les calificaría como sujetos de ayuda. 

Los colectivos presentaron sus proyectos de reconstrucción de vivienda con perspectiva social, resilente, participativa, incluyente, equitativa, sostenible y efectiva. 

Las tres organizaciones coincidieron en que la reconstrucción debe tener como principio y centro del proceso la dignidad y autonomía de las personas y comunidades afectadas, adoptando además un enfoque de derechos humanos.