Accionistas poblanos de la empresa Médicus S.A. de C.V., propietaria del inmueble que albergaría al Hospital CIMA, advirtieron al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, del conflicto que mantienen con sus socios estadounidenses, quienes les han negado información sobre la presunta venta del terreno y la construcción.

En un desplegado publicado en el diario Reforma, “110 médicos y 80 empresarios, todos ellos residentes en la Ciudad de Puebla, hemos sido marginados con maniobras ilegítimas por nuestros socios de capital extranjero (que se ostentan como Consejo de Administración y Apoderados de la sociedad) del manejo y de los asuntos de nuestra empresa”.

Afirman que mediante los medios de comunicación se enteraron del interés de adquirir el inmueble para compensar la pérdida del Hospital de San Alejandro, dañado por el sismo del 19 de septiembre, sin embargo estas negociaciones se han realizado solamente con una parte de los accionistas:

“Es necesario hacer de su conocimiento que quienes en apariencia han llevado a cabo las negociaciones que pretenden realizar la venta del inmueble mencionado, son los representantes de solamente una parte de los accionistas de la sociedad, de la que también formamos parte”, señalan.

“Nuestros socios, de nacionalidad estadounidense no han permitido el acceso a la información social a la que legalmente tenemos derecho a conocer; obviamente, tampoco nos han comunicado su intención de vender el inmueble, en el que se ha anunciado tiene interés el IMSS”, advierten a Mikel Arriola.

El desplegado fue firmado por Gerardo Macip Nieto y César Eduardo Hernández representantes de acciones de la Serie M. También aparecen los nombres de Julián Abed, Gonzálo Sánchez Brito y Luis Regordosa Valenciana como representantes de acciones de la Serie E.

Todos, se ponen a la disposición del director del IMSS “para ofrecerle evidencia de lo aquí mencionado, solicitando que antes de proceder a cualquier transacción, considere debidamente el derecho que nos asiste a juzgar como ilegítima la intención de venta anunciada”.