Hace tres años, en 2014, las tierras de José Luis Agustín, un campesino del municipio de Tepeaca, Puebla, fueron de las tantas hectáreas que se afectaron por un derrame a causa de una ordeña en uno de los gasoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Toda su cosecha de betabel de ese año, una de las que más ganancias le dejaría a él y a su familia, se perdió por el crudo que recorrió esas tierras, producto de una ordeña que él no hizo.  El daño no quedó ahí.

A los pocos días, el gestor de Pemex, Julián Carrera Márquez, se presentó a elaborar la cotización del total de las pérdidas. Según narró el propio trabajador, el funcionario sólo le ofreció un pago de 10 mil pesos por siembra, cuando José Luis aseguró que lo mínimo que podía obtener en el mercado por su producción eran 50 mil pesos. Pese a todo, lo aceptó.

Pero las violaciones a sus derechos y su propiedad continuaron: “Tengo tres años con ese documento en mis manos y no he recibido ni un pago. Mi terreno no lo puedo cultivar porque quedó infértil. Yo solamente les pedí que me dieran un terreno para poder trabajar. Ellos me dijeron que me iban a pagar, pero que me esperara, porque por el momento no tenía fondos Pemex”.

Al menos otros 500 campesinos de 13 municipios de Puebla padecen la misma situación que José Luis, según denunció hoy en conferencia de prensa la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural.

Cecilia García Sánchez, directora de la organización Anauatlali, explicó que desde hace más de 30 años Pemex “ha faltado en su promesa de indemnización” a los campesinos del llamado “Triángulo Rojo”, los 30 kilómetros por donde pasan los gasoductos de la empresa estatal y por donde prolifera el problema de la ordeña por los llamados “huachicoleros”.

La activista también evidenció que Puebla es el estado más afectado. Sin embargo, Querétaro, el Estado de México y Tabasco son otras de las regiones con más daños ocasionados por el robo de hidrocarburos que provoca derrames, incendios y la falta de indemnización de Pemex.

“No podemos precisar una cantidad, pero de las 500 hectáreas de las que tenemos registrado dañadas, el costo asciende a millones de pesos, porque no se trata sólo de cultivos, sino de daños que se cuentan por años a las tierras de los campesinos, contaminación de mantos acuíferos, afectaciones a la salud por metales pesado”, detalló García Sánchez.

Salvador Briseño Ramírez dijo que a pesar de los más de 200 escritos de queja y solicitudes de pago que la asociación ha hecho llegar a la Subdirección de Administración Patrimonial, a cargo de José Antonio Negroe Ortega, “no hay respuesta”. Por el contrario, Pemex ha pedido a los campesinos y la misma asociación que sean “indulgentes”.

Los campesinos también acusaron que cuando los gestores elaboran las cotizaciones de reparación de daño, lo hacen con base en precios mínimos, que no alcanzan a cubrir la totalidad de los daños.

Además, señalaron que cuando sus tierras llegan estar cerca de los gasoductos, son presionados por las autoridades locales y los mismos trabajadores de Pemex para que emitan declaraciones falsas sobre presunta responsabilidad por el robo de combustible.

Sin trabajo, cansados de los oídos sordos de Pemex, los campesinos además acusaron:

“El ejército y las brigadas de Pemex dañan nuestros caminos. Eso debe considerado el gobierno porque con esos daños a los cultivos nos cuesta más trabajo sacar nuestros productos al mercado. Cuando yo voy a ofrecerlo no me lo quieren comprar porque nuestras hortalizas ya están muy dañadas”.

La asociación Anauatlali, que además lleva la representación legal del caso, finalizó al decir adelantar que interpondrán denuncias en la Procuraduría General de la República (PGR) por la falta de pagos y que, de no obtener respuesta, iniciarán movilizaciones en la capital.

“Estamos hartos. Sólo queremos trabajar, queremos comer”, concluyó Marco Martínez, otro de los campesinos afectados.

Fuente: http://www.proceso.com.mx