A casi un año de la tragedia que causó la tormenta tropical Earl en la Sierra Norte, apenas se ha construido un 40 por ciento de las 700 viviendas necesarias para la reubicación de las familias damnificadas; nueve escuelas esperan poder ser trasladas y sigue pendiente la reparación de las carreteras Interserrana y las que comunican al municipio de Chiconcuautla.
Aunque se rehabilitaron algunas redes de agua potable, alcantarillados, caminos y puentes, a casi 12 meses del devastador fenómeno meteorológico, apenas se han construido 275 casas en el municipio de Huauchiango y están pendientes 182 casas en este mismo municipio, 64 en Tlaola, 14 en Naupan, una en Pahuatlán, siete en Xicotepec, una en Chignautla, 12 en Chiconcuautla, dos en Juan Galindo y cuatro en Zoquitlán, reporta RadioExpresión.com
El 6 de agosto de 2016, cinco horas de lluvia dejaron miles de damnificados en la región. La gente y las autoridades se conmocionaron: llegaron toneladas de alimentos, de ropa, tarjetas para la compra de enseres domésticos en Elektra y un programa de empleo temporal para la limpieza de las viviendas dañadas.
Tras el vendaval se consideró a Huauchinango, Tlaola y Naupan como los municipios más afectados y, en menor medida a Xicotepec y Pahuatlan. Se evaluaron los daños de mil 50 casas de las que más de 700 deben reubicarse y el resto repararse, los de nueve escuelas que quedaron destruidas, los de dos puentes, además de 29 caminos y de 13 sistemas de alcantarillado y agua potable en 29 municipios de Puebla declarados como zona de desastre por la Secretaría de Gobernación Federal.
Para la restauración, se dijo entonces, el gobierno de Enrique Peña Nieto destinaría 1 mil 263.7 millones de pesos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), pero el dinero no ha sido liberado y, según informes extraoficiales, el flujo empezaría hasta el año 2019, por lo que pasados casi 12 meses de la tragedia aún pueden verse puentes colapsados, caminos intransitables y decenas de familias sin vivienda; o bien a las que decidieron volver al lugar donde tuvieron sus hogares y seguir ocupando los terrenos que las autoridades determinaron como zonas de alto riesgo.
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