La Fiscalía General del Estado de Puebla informa los avances y resultados de la investigación realizada en la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto, en relación con diversas averiguaciones previas en las que se denunció la desaparición de seis personas que vivían en la colonia Lomas de San Miguel.
El análisis de los hechos, permitió establecer que existía relación en el caso de las seis personas desaparecidas, motivo por el cual las averiguaciones previas respectivas fueron acumuladas y remitidas a la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto para su investigación.
Radicadas las averiguaciones previas en la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto, con investigación de campo, inteligencia, análisis de redes de vínculos y diversas entrevistas a los familiares de las víctimas, se logró el esclarecimiento de los hechos en los que se determinó que las seis personas fueron privadas de su libertad y posteriormente privadas de la vida, dentro de un inmueble ubicado en la ciudad de Puebla.
La investigación establece que la privación de la libertad de las personas, ocurrió con la siguiente cronología:
- 19 de octubre de 2015, Marco Antonio Cuautle Cuautle, de ocupación lechero, quien iba a bordo de su camioneta Chevrolet Silverado con placas del Estado de Puebla.
- 28 de octubre, Román Limón Gómez, viajaba en un vehículo, en compañía de su esposa y su menor hija, cuando fue interceptado por unos sujetos que iban en dos camionetas, una con vidrios polarizados y otra roja o vino.
- 12 de noviembre, Pedro Negrete Orea y Luis Ángel Flores Gutiérrez, de manera simultánea fueron privados de la libertad engañados mediante ofertas de trabajo.
- 26 de noviembre, Rogelio Rivera Osorio, la última vez se le vió en compañía de un sujeto que usaba sombrero y que hoy es uno de los detenidos. También fue engañado mediante oferta de trabajo.
- 27 de noviembre, Bryan Gerardo Torres Sandoval, con el engaño de comprarle cocaína, una persona se acercó a él y lo priva de la libertad. Se trata del mismo probable responsable que habría privado de la libertad a Rogelio Rivera y que también tuvo contacto con Pedro Negrete y Luis Ángel Flores.
A través de las diligencias desarrolladas en la investigación de los hechos por la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto, se estableció que algunos de los desaparecidos participaron en un robo a casa habitación con violencia, no denunciado, en la casa de los familiares del empresario Jorge Aduna Villavicencio.
Con motivo de estos hechos, Jorge Aduna, a través de personal a su servicio como escoltas, entre ellos un ex policía ministerial, y con el apoyo de otros sujetos, uno de los cuales refiere haber trabajado para AFI, investigó la identidad de los autores del robo y localizó a uno de ellos a través de una Ipad que había sido robada el día de los hechos.
Una vez identificado uno de los probables responsables, con el apoyo de las personas citadas, ahora detenidas, se dio a la tarea de ubicarlos y privarlos de la libertad, para posteriormente ser trasladados a un inmueble al parecer de su propiedad, en donde fueron privados de la vida.
Además de la detención del empresario Jorge Aduna Villavicencio, se logró la captura de los posibles autores materiales de los hechos. Se trata de:
- Antonio Cantú García, de 60 años, originario de Matamoros, Tamaulipas, persona que participaba en engañar a las hoy víctimas para privarlas de la libertad.
- Yosafhat Berlanga Flores, de 33 años, originario y vecino de Puebla, quien refirió ser ex elemento de la Agencia Federal de Investigación, AFI.
- Ricardo López Meza, de 46 años, originario y vecino de Puebla, quien en 2014 fue dado de baja de la Policía Ministerial por no aprobar el examen de Control de Confianza.
- Alejandro Páez Valenzuela, de 42 años, originario y vecino del Distrito Federal.
- José Emanuel Limón Meneses, de 20 años, originario y vecino de Puebla.
Respecto de las víctimas, las seis personas fueron privadas de la vida en el inmueble ya mencionado, ubicado en la colonia San José El Conde, de la ciudad de Puebla.
Los cuerpos fueron calcinados con el objeto de que no se localizaran, sin embargo, se logró la ubicación durante diligencias realizadas con la presencia de familiares que identificaron prendas y objetos diversos de las víctimas.
Es importante resaltar que en virtud de lo expuesto, se solicitó a través del órgano jurisdiccional, un cateo del inmueble, en el que se lograron recolectar los siguientes indicios: la camioneta Silverado y siete botes lecheros propiedad de Marco Antonio Cuautle Cuatle, quien fue la primera persona reportada como desaparecida; un Jeep Compas con placas de Jalisco que cuenta con reporte de robo; dos tambos metálicos utilizados para la incineración de los cuerpos con fragmentos óseos en su interior; fragmentos óseos carbonizados y de hebillas calcinadas en una coladera en la que vertieron el contenido de los tambos; un machete; una hacha; tres cuchillos metálicos con rastros hemáticos bajo la apreciación de la técnica pericial Blue Star; cuatro candados de manos (esposas); diversa joyería y ropa reconocida por familiares de las víctimas como las mismas que pertenecían a los desaparecidos; una libreta con bitácoras de actividades realizadas para la vigilancia de las víctimas; 42 cartuchos calibre 38; 181 cartuchos calibre 122; cinco pistolas tipo plumer; y rastros hemáticos en las habitaciones de la bodega contigua al terreno, así como en la coladera donde fueron vertidos los restos.
Por otro lado, al momento de ser asegurado Jorge Aduna Villavicencio, así como uno de sus escoltas , y Ricardo López Meza, portaban armas de fuego sin licencia, calibre 9 milímetros y 380.
Se descarta que estén involucrados en la no localización u homicidios, elementos ministeriales. Javier Cruz Ventura y José Felipe Riveros Hernández, agentes ministeriales, están a disposición de las autoridades porque se establece que durante la indagatoria filtraron información respecto de la misma.
El agente del Ministerio Público y la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto, dan seguimiento para definir la situación jurídica de las personas que están a disposición de las autoridades ante el esclarecimiento del caso.