El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que busque y entregue a una madre de familia todos los documentos relacionados con el fallecimiento de su hijo, ocurrido el 28 de enero de 2015 en la escuela secundaria federal número 5, ubicada en San Felipe Hueyotlipan, Puebla.
La SEP se declaró incompetente para conocer lo documentos y orientó a la solicitante a dirigir su petición ante la Secretaría de Educación del gobierno del estado de Puebla.
La particular consideró “inverosímil” y “poco creíble” que la dependencia no cuente con la información requerida, y presentó un recurso de revisión ante el INAI, turnado a la ponencia de la comisionada presidenta, Ximena Puente de la Mora.
En alegatos, y luego de asegurar que buscó los documentos en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, y en la Subsecretaría de Educación Básica, la dependencia declaró la inexistencia de la información y reiteró que la instancia competente es la secretaría estatal.
No obstante, al analizar el caso se determinó que la SEP sí es competente para conocer la información requerida.
En un comunicado, el INAI precisó que como autoridad educativa federal, la dependencia tiene entre sus atribuciones: crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el Sistema de Información y Gestión Educativa, que permite una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas.
Asimismo, corroborar que el trato hacia los educandos corresponda con el respeto a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y la demás legislación aplicable a los niños y jóvenes.
De igual manera, coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional bajo la responsabilidad de los supervisores escolares.
También, instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servidor público educativo.
Adicionalmente se verificó que la dependencia firmó 15 compromisos con autoridades educativas del país, con el fin de definir la participación de docentes, alumnos, padres de familia y autoridades federales y locales, para tener escuelas libres de violencia, con una cultura apegada al respeto de los derechos humanos.
Por lo anterior, el INAI concluyó que la SEP no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, ya que no turnó la solicitud a todas sus unidades administrativas competentes, como la Unidad de Coordinación Ejecutiva, la Coordinación General de Delegaciones, la Delegación Federal Puebla y la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa.
En ese sentido, revocó la respuesta de la SEP y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva de la información, a fin de entregar a la particular los documentos de su interés.
Entre esos documentos destacan los elaborados por servidores públicos de la dependencia (actas, memorándums, oficios y correos electrónicos); los intercambiados y recibidos con otras dependencias; los que expongan los motivos por los cuales el director del plantel educativo dejó su cargo en el momento de los hechos; los que avalen el acercamiento de la dependencia hacia la solicitante o su esposo, y los que den cuentas de las medidas adoptadas para prevenir sucesos similares.
Al presentar la resolución ante el Pleno, Puente de la Mora aseguró que en estos casos el ejercicio del derecho de acceso a la información se convierte en un vínculo para que los padres de familia puedan dar seguimiento a las medidas de seguridad implementadas por las escuelas para prevenir y combatir la violencia entre menores.
Expuso que 2014 fue el año para el combate al acoso escolar, y al respecto refirió que el gobierno de México ha emitido varias leyes, programas y acuerdos encaminados a proteger a los menores de edad en diferentes contextos, fundamentalmente en el escolar.
