Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 31 meses, instalaron un plantón indefinido frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir que las investigaciones sigan la ruta que marcó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y descartar de una vez por todas la “verdad histórica”.
Mario González Contreras, padre de César Manuel González, señaló que la decisión de mantener el plantón indefinido se debe a “la falta de avances en las investigaciones, y a lo que dijo el Roberto Campa (subsecretario para Derechos Humanos de Gobernación) en la audiencia en Washington (el 17 de marzo), de revivir la ‘verdad histórica’, echando abajo todo el trabajo de los expertos”.
González Contreras explicó que debido a esa posición del gobierno de Enrique Peña Nieto, no se reunirán con el procurador general de la República, Raúl Cervantes.
Antes de la instalación del plantón indefinido, padres y madres, acompañados por decenas de simpatizantes, marcharon del Antimonumento a los 43, en la esquina de Reforma y Bucareli, hacia la PGR.
El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, explicó que para que los padres y madres puedan retomar el diálogo con las autoridades se requieren cuatro condiciones “mínimas”, las cuales se pondrán sobre la mesa también a la relatora especial para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosamena de Troitiño, y al secretario ejecutivo Paulo Abrao, “para que exijan al gobierno su cumplimiento”.
De acuerdo a Rosales Sierra, las cuatro exigencias son iniciar una investigación formal y seria contra elementos del Ejército adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala; detener a los policías del municipio de Huitzuco, identificados plenamente desde febrero del año pasado como responsables de conducir al menos a 25 jóvenes hacia ese municipio, así como a policías federales que fueron testigos de la detención ilegal.
Los padres y madres de los 43 estudiantes, demandan también una investigación contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y quien fuera el fiscal del estado, Iñaki Blanco Cabrera, a quienes señalan de cometer irregularidades que permitieron la evasión de altos mandos policiacos y del grupo criminal Guerreros Unidos, así como la presentación inmediata de los análisis de telefonía celular, revisadas desde el año pasado, pero de las que no tienen noticias de qué resultados ha tenido la revisión de los mensajes, vía Whatsapp o llamadas realizadas.
Rosales Sierra puntualizó que incluso las búsquedas con tecnología Lidar “en lo único en que había avanzado la PGR”, y ahora han sido suspendidas debido a que “dicen que no tienen presupuesto, y que para ampliar los cuadrantes necesitan 20 millones de pesos”.
El abogado insistió en que si no se da respuesta a las demandas de los padres, “ya no se puede seguir con un diálogo ficticio, con el que quieren entretenernos para administrar el conflicto, para que la verdad que pueda surgir de una verdadera investigación no les afecte en las elecciones del 2018”.
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