El operativo policiaco del 19 de junio pasado en Nochixtlán, Oaxaca, donde murieron siete personas por armas de fuego, fue realizado a solicitud del gobierno del estado --encabezado en ese momento por Gabino Cué Monteagudo- que envió policías estatales y federales armados a esa comunidad, confirmó esta mañana a la Cámara de Diputados, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

En una reunión con la comisión especial de diputados que da seguimiento al caso, el ombudsman dijo que la investigación busca dilucidar por qué no se cumplieron los protocolos de actuación por parte de la policía estatal y la policía federal, así como determinar lo relativo al uso de la fuerza.

En su presentación informó que el gobierno del estado participó en un grupo interinstitucional integrado por dependencias federales y estatales en materia de seguridad pública, que el día del operativo se reunió en un hotel de la capital del estado, donde también se concentró el centro de mando de la Policía Federal, para dar seguimiento a la intervención policiaca en Nochixtlán.

Explicó que para la CNDH la integración del expediente enfrentó dificultades debido a los errores de las autoridades.

Por ejemplo, dijo, ocurrió una indebida preservación del lugar de los hechos, lo cual motivó la falta de resguardo de diversas evidencias que fueron movidas del lugar donde fueron originalmente encontradas.

También, contradicciones entre los diversos testimonios recabados, lo que obligó a contrastarlos y confrontarlos con otros elementos, a fin de dilucidar lo que realmente ocurrió ese día.

Además, las respuestas de autoridades a las solicitudes de información no siempre han sido oportunas y no incluyen lo requerido por la CNDH, que se ha visto obligada a insistir en el envío de los datos requeridos.

Dijo que para comprender de manera integral los hechos ocurridos en Nochixtlán, la comisión amplió el espectro de su investigación. De ésta se ha obtenido que a las 4:30 de la mañana del 19 junio de 2016 el notario público 65 de la ciudad de Oaxaca realizó un recorrido visual en el destacamento de la Policía Federal, ubicado en San Pablo Etla, pero no verificó a detalle a los policías.

El notario únicamente señaló que éstos portaban un kit policiaco antimotines y no armas de fuego ni punzocortantes, sólo lanzadores simples de agentes químicos.

También inspeccionó vehículos terrestres que tuvo a la vista y certificó que en su interior no había armas de fuego ni punzocortantes.

Sin embargo, explicó González Pérez, se ha documentado que policías estatales acudieron armados al inicio del operativo.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx