El cerco se estrecha entorno a los empleados de Volkswagen que desarrollaron el sistema que permitió al fabricante alemán falsear las emisiones de los vehículos diésel. James Liang, un veterano de la compañía, se convierte en el primer acusado por participar en el fraude. El ingeniero admite que participó en una trama conspirativa que tenía como objetivo engañar a los reguladores y a los clientes.

Liang rompe la baraja a pocos días de que se cumpla el primer año desde el estallido del escándalo. El pasado agosto ya trascendió que el Departamento de Justifica cuenta con pruebas para actuar contra Volkswagen por la vía penal. En paralelo, la multinacional europea está negociando los términos de la sanción para evitar que el expediente lleve a los tribunales, para poder hacer borrón y cuenta nueva.

Con su declaración de culpabilidad en un tribunal federal en Detroit, el ingeniero se pone a disposición de las autoridades en Estados Unidos para cooperar y así reducir la pena. Eso podría obligar a Volkswagen a moverse para pactar en nombre de otros empleados envueltos en el fraude. El detalle sobre los términos del pacto que habría acordado por su implicación en la trama no se hizo públicos.

James Liang, que formaba parte del núcleo duro de ingenieros que diseñó la trampa electrónica, se enfrenta a cinco años de prisión. Y por su veteranía en el grupo, su paso al frente mete más presión a los altos cargos de Volkswagen. El ingeniero trabajaba para la compañía alemana en EE UU desde 2008. El fraude de las emisiones, de acuerdo con la investigación en curso, había empezado dos años antes.

IMPLICADO DESDE 2006

El primer modelo que integró el sistema para evitar los límites a las emisiones de instaló en el modelo Jetta de 2006. Liang participó además en las pruebas que realizaron los reguladores en California entre 2014 y 2015 cuando comprobaron que había un desfase enorme entre las pruebas que se realizaban en laboratorio y con los coches rodando en condiciones normales de tráfico.

Volkswagen se vio forzado a admitir la existencia del dispositivo en septiembre del año pasado, cuando la agencia de protección del medio ambiente en EE UU procedió a suspender las ventas de los modelos diésel. La compañía ha pasado ya 16.500 millones de dólares para compensar a los 482.000 usuarios afectados. Aún debe encontrar una solución para los vehículos de gran cilindrada.

La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, empezó a investigar a Volkswagen el pasado mes de enero por haber violado de una manera intencionada la Clean Air Act. La primera acción legal fue por la vía civil. La intención es poder llegar a un pacto con la dirección del grupo de automoción antes de final de año, cuando espira el segundo mandato de la presidencia de Barack Obama.