El pasado 16 de mayo no hubo clases en todo México. Aquel lunes las escuelas celebraban el día del maestro y Citlali, una joven indígena de 13 años, se encontraba sola en casa cuando un compañero de trabajo de su padre la agredió sexualmente. Esa misma jornada, acompañada de sus hermanos, la menor acudió a la comisaría. Los exámenes certificaron la violencia física y el daño psicológico de la víctima, por lo que el ministerio público consignó al agresor por el delito de violación agravada, difundió El País.

La muchacha vive en un poblado de bajos recursos del norteño Estado de Sonora y pertenece a la etnia huichola. Según ha denunciado, en ningún momento las autoridades le ofrecieron la pastilla anticonceptiva de emergencia o un tratamiento para evitar las infecciones de transmisión sexual. Tampoco le informaron de su derecho a interrumpir el embarazo en caso de que este ocurriera. En todo México el aborto está permitido en caso de violación, sin embargo, el juez que recibió el caso, reclasificó el delito como estupro -lo que significa que la joven, engañada, habría dado su consentimiento-, y las autoridades de salud estatales le niegan ahora el acceso al servicio.

“Para fines de investigación es importante, pero para acceder a la interrupción legal del embarazo no. Ella fue víctima de una agresión sexual, y como tal, es irrelevante lo que el juez estime como delito penal. No hay impedimento legal para que las autoridades la apoyen”, argumenta Regina Tamés, presidenta de la organización civil Grupo de Información en Reproducción Elegida, que asesora a Citlali. La dirigente de GIRE explica que la Norma mexicana 046 sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres “no establece la obligación de denunciar la agresión sexual para poder acceder al aborto legal por violación”.

Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/31/mexico/1469997228_308033.html