En un hecho sin precedentes y por primera vez en la historia, ex funcionarios de primero y segundo nivel del municipio de Monterrey quedaron vinculados a proceso, entre ellos, la ex alcaldesa Margarita Alicia Arellanes Cervantes, pero solo tendrá que enfrentar uno de los dos delitos que le atribuían, por deficiencia de la agencia anticorrupción donde le integran la investigación, informa MILENIO.

Arellanes Cervantes y cinco de sus ex colaboradores Irasema Arriaga Belmont, Jesús Guadalupe Hurtado Rodríguez, Julián Hernández Santillán, Alejandra Rodríguez Guerra y José Francisco de la Cruz Suárez, fueron considerados probables responsables del delito de ejercicio abusivo de funciones públicas.

En la resolución que acaba de emitir la juez de control, Patricia Gutiérrez Ramírez, ellos quedaron exonerados del delito de ejercicio indebido de funciones públicas.

La juzgadora argumentó que la fiscalía les violentó sus derechos al confundir las características de los dos delitos que en un principio les atribuía.

En la misma determinación, la funcionaria del Poder Judicial decretó auto de vinculación a proceso contra los ex integrantes de la comisión de adquisición del municipio, David Rex Ochoa Pérez, Arturo Pecina Cruz, Luis Ángel Torres Garza y Aldo Ariel Cepeda López, a quienes consideró probables responsables del delito indebido de funciones públicas, por haber aprobado la contratación del abogado Roberto Martínez Rodríguez, a quien erogaron un pago de 8 millones 207 mil 546, pesos por sus servicios.

Antes de concluir la audiencia que se prolongó ocho horas, la fiscalía solicitó que se les impusiera la medida precautoria de no salir del estado y del país, y a presentarse a plasmar su huella periódicamente, sin embargo, todos los imputados y sus defensores argumentaron que la no salida del país era una medida excesiva y todos alegaron tener arraigo domiciliario en la entidad y estar dispuestos a presentarse voluntariamente, como lo han hecho desde que se enteraron de la denuncia.

Al escuchar todos los argumentos de los 10 imputados, la juzgadora advirtió que la fiscalía no acreditó que los imputados tuvieran la voluntad de evadir la acción de la justicia, por ende, solo les impuso la medida de presentarse a plasmar su huella una vez al mes, el día que ellos eligieran.

También dio a la agente del ministerio público un mes de plazo para la investigación que les sigue de los delitos mencionados, que, de acuerdo a la denuncia, ocurrieron el 20 de octubre del año pasado, cuando aprobaron y firmaron el contrato de servicios del litigante.

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