Apro reporta que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recaudado 300.9 millones de pesos entre los mexicanos mencionados en el escándalo internacional de operaciones offshore conocido como #PanamaPapers.
La cifra corresponde tan sólo a 16 sujetos, entre empresas y personas físicas, que tuvieron que presentarse ante el SAT después de conocida la investigación periodística internacional, que en otros países ha dado lugar al inicio de procesos judiciales, detenciones policiales, renuncias de altos funcionarios y hasta la caída del primer ministro de Islandia.
En México, el SAT dice no tener la información financiera completa de los involucrados. Según su “segundo informe de acciones” por el caso “#PanamaPapers, seis instituciones financieras de plano se negaron a darle información y otras seis ni siquiera han respondido a sus requerimientos sobre el “pago anónimo”, el esquema que operó entre 2004 y 2014 para que quienes tuvieron ingresos desde el extranjero pudieran pagar sus impuestos sin individualizar el nombre del contribuyente.
Aunque en la investigación internacional se identificaron a 311 personas y entidades mexicanas que contrataron al despacho panameño Mossack Fonseca para abrir empresas en paraísos fiscales, el SAT refiere sólo 26 casos en los que ha pedido aclaración.
Sin precisar cuántos de ese total son personas físicas o empresas. Sólo dice que dos no han sido localizados. Respecto a los 24 restantes, 16 han tenido que presentar declaraciones complementarias de sus declaraciones anuales de 2011 a 2015.
Como resultado, el SAT ha recaudado 300.9 millones de pesos. Además, uno de los enlistados solicitó pago en parcialidades por 104.7 millones de pesos, con un recargo del 18% anual.
La cifra recuperada es mínima frente a las operaciones realizadas por algunos de los mencionados en la investigación internacional. Es el caso de Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto y la casa de descanso en Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de quien depende el SAT.
Según la documentación, Hinojosa movilizó el año pasado cien millones de dólares en distintos paraísos fiscales.
Los impuestos recuperados también están muy lejos de los 15 mil millones de pesos que al 10 de junio pasado había devuelto a contribuyentes por el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
A cargo de Aristóteles Núñez, la entidad recaudadora emitió su “segundo informe de acciones” por las revelaciones de #Panama Papers, la investigación internacional encabezada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y en la que por parte de México participaron la revista Proceso y el portal Aristegui Noticias.
El 21 de abril, a tres semanas del escándalo mundial, el SAT informó que tenía identificados “dos casos extremos”, pero en este informe ya no hizo mención a ellos. Por el contrario, dijo que los 311 investigados, pagaron cinco 615 millones de pesos en los ejercicios fiscales de entre 2010 y 2014.
En su segundo informe, el SAT incluyó el caso de su empleado Óscar Fernando Trujano Sandoval, quien en la información de Mossack Fonseca aparece como un “prospecto de intermediario” del despacho panameño.
El 3 de abril cuando se dio a conocer #PanamaPapers de manera simultánea en todo el mundo, proceso.com.mx publicó: “Los documentos muestran a un peculiar prospecto de cliente mexicano: Óscar Fernando Trujano Sandoval, empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ente de la secretaría de Hacienda directamente encargado del pago de impuestos. Trujano trabaja en la Administración General de Grandes Contribuyentes, en la Administración Central de Fiscalización de Precios de Transferencia.
“Con su correo electrónico oficial del SAT y una dirección particular en Iztapalapa, los registros de Mossack Fonseca lo tenían como “prospecto” de intermediario en enero de 2013. En conversación con Proceso, Trujano aseguró desconocer porque su nombre estaba en los registros de la firma panameña, de la que también dijo no saber a qué se dedica”.
El SAT aseguró que no ha identificado ninguna operación del funcionario con la firma panameña ni que tenga relación con alguno de los mencionados en la investigación periodística internacional, como tampoco alguna discrepancia entre sus ingresos como servidor público con su situación patrimonial.
Sin embargo, aseguró que el Órgano Interno de Control aún no concluye una investigación que inició por el caso.
