Apro informa que al presentar su informe de seguimiento sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Christof Heyns, relator especial del organismo internacional sobre ejecuciones extrajudiciales, lamentó que en el país “persisten las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad”.
Durante el evento, el experto aseveró que “las medidas de protección son insuficientes e inefectivas, la impunidad y la falta de rendición de cuentas en violaciones al derecho a la vida siguen siendo un reto serio y también lo es la ausencia de reparaciones para las víctimas”.
Por azar del calendario tocó a Heyns presentar el informe ante el órgano de derechos humanos de la ONU este lunes, un día después del violento desalojo por la policía –federal y estatal– del bloqueo carretero que mantenía la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en Nochixtlán, Oaxaca. El saldo del operativo policiaco fue de seis civiles muertos, más de 50 heridos de ambos lados y 21 detenidos.
En su reporte de seguimiento a las recomendaciones que emitió durante la visita que llevó a cabo entre abril y mayo de 2012, Heyns señaló los casos recientes en los que las instituciones policíacas mexicanas abusaron de la fuerza para reprimir civiles.
Entre otros, recordó que uniformados dispararon contra los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en Puebla, en julio de 2014, a raíz de lo cual falleció un niño y fueron heridas seis personas. También deploró el papel que desempeñó la policía municipal de Iguala en el asesinato de tres personas y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre del mismo año.
Según el documento, en enero de 2015 la policía asesinó a 10 civiles e hirió a 21 más en Apatzingán, Michoacán. Con ello, lamentó que el gobierno mexicano no adoptó una ley general sobre el uso de la fuerza aplicable a todas las fuerzas de seguridad “y los consiguientes episodios de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales por el ejército y la policía”.
En su informe, además de señalar el involucramiento de policías en eventos de uso excesivo de fuerza, Cristof Heyns destacó “una serie de eventos trágicos que colocaron recientemente a las fuerzas armadas en el centro de acusaciones de ejecuciones extrajudiciales”, entre ellos las masacres de Tlatlaya, Calera –en Zacatecas– y el asesinato de un niño de 12 años en Santa María Ostula, Michoacán.
Hoy, frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator urgió al gobierno mexicano a tomar “inmediatamente todas las medidas necesarias para asegurarse que la seguridad pública sea asumida por civiles y no por fuerzas de seguridad militares”.
