La Jornada informa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que aporte nuevas pruebas para fortalecer la acusación en contra de militares implicados en las ejecuciones extrajudiciales en el caso Tlatlaya.
Tras la liberación de los últimos tres de los cuatro militares que permanecían en prisión, el organismo nacional insta a la PGR a que tome en cuenta los elementos contenidos en el expediente de queja seguido por la CNDH y que dio origen a la recomendación 51/2014.
En un comunicado, insiste en el aporte de elementos probatorios contenidos en dicha investigación a efecto de propiciar que en estos hechos no subsista la impunidad.
El 30 de junio de 2014, en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, fueron muertas 22 personas.
Ahí se produjo un enfrentamiento entre este grupo de personas, presumiblemente delincuentes, y militares, según la versión oficial del Ejército mexicano.
Sin embargo, tres meses después, testimonios de algunos sobrevivientes, señalaron que varias de las personas fueron ejecutadas por los militares una vez que aquellos se habían rendido.
En su recomendación por estas “violaciones graves” a los derechos humanos, la CNDH señaló que fueron ejecutadas entre 12 y 15 personas, además de que hubo una alteración de la escena donde ocurrieron los hechos.
