Apro reporta que familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos mantienen un plantón a las puertas de la Cancillería en espera de que la titular, Claudia Ruiz Massieu, establezca una fecha de próximo encuentro para definir el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer el caso.
Los padres de familia llegaron a la Cancillería alrededor de las 10:00 horas en busca de un encuentro con Ruiz Massieu. Hora y media más tarde fueron recibidos por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y el director de Derechos Humanos de la SRE, Erasmo Lara Cabrera.
Tras dos horas de discusiones, ninguno de los funcionarios pudo definir una fecha para una próxima reunión con la canciller, por lo que los padres de los 43 decidieron continuar con su plantón en espera de respuesta.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante de los padres de las víctimas, urgió a una reunión con la funcionaria para darle a conocer el planteamiento que tienen los padres sobre las características que para ellos debería tener el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones que hizo el GIEI para continuar con las indagatorias y dar con el paradero de los estudiantes, de acuerdo con las medidas cautelares emitidas por la CIDH.
Al señalar que desde el 14 de abril “no ha habido diálogo” entre familiares de las víctimas y representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosales Sierra explicó que a grandes rasgos la propuesta de los padres para el mecanismo de seguimiento es que se nombre “a un grupo de personas para que integre el mecanismo de seguimiento, con facultades amplias de monitoreo sobre la investigación”.
El abogado destacó que el objetivo de tener un encuentro previo con la canciller, quien tiene que presentar su propuesta de mecanismo de seguimiento en nombre del Estado mexicano ante la CIDH, es que la funcionaria conozca la posición de los padres de familia para que “como Estado vayan revisando la propuesta, antes de que se concrete la audiencia para la que nos citó la CIDH el próximo 21 de mayo en Washington”.
Al señalar que el Estado ha sido “omiso” al no presentar su planteamiento ante el órgano de la OEA, que convocó a mostrarlo el 14 de abril, Rosales Sierra sostuvo que si el gobierno de Peña Nieto persiste en negarse a la creación de un mecanismo de seguimiento, que forma parte de las medidas cautelares, “el Estado mexicano estaría incurriendo en responsabilidades internacionales”.
Con esas omisiones “se va perfilando la posibilidad de presentar un caso, o lo que en términos llanos y coloquiales sería una demanda ante el Sistema Interamericano (de Derechos Humanos), o que el caso pase de medidas cautelares a medidas provisionales ante la Corte (Interamericana de Derechos Humanos)”.
Rosales Sierra agregó que este martes 17 los padres de los 43 desaparecidos y sus representantes tienen agendada una reunión con la procuradora Arely Gómez, a quien le harán el planteamiento sobre la destitución del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por haber participado en diligencias en el río San Juan, en Cocula, el 28 de octubre de 2014, actuaciones que no están asentadas en el expediente, según lo reveló el GIEI.
