La Jornada informa que todas las fuerzas políticas aprobaron por unanimidad la ley nacional de ejecución penal que constituye “una transformación radical al sistema penitenciario mexicano”. Con la entrada en vigor de este ordenamiento podrán salir de prisión las personas detenidas por “el robo de hambre” así como quienes hayan sido detenidos portando hasta cinco kilos de mariguana, sobre todo mujeres denominadas “mulas”.
El presidente de la comisión de justicia, el panista Fernando Yunes, al fundamentar el dictamen destacó que “este nuevo modelo se aleja de la vieja escuela penitenciaria de la readaptación social para transformarse en uno de reinserción social. Se establece que deja de ser escuela del crimen; se basa en cinco ejes para la reinserción: respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud y el deporte”.
Asimismo, subrayó el panista se destaca que la persona privada de la libertad conserva sus derechos y no podrá ser considerada más como un reo o prisionero, no se menoscabará su dignidad y su desarrollo como persona.
Yunes precisó que la nueva ley detalla la ubicación para las personas detenidas por pertenecer al crimen organizado y los secuestradores quienes purgarán reclusión en instalaciones distintas a las personas procesadas y sentenciadas; y en el caso de las mujeres todas ellas compurgarán sus condenas en lugares separados de los hombres, tendrán acceso a derechos específicos de su género y condiciones especiales para sus hijos que nazcan en los centros de reclusión.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, destacó en tribuna que esta nueva ley “representa una oportunidad invaluable para transformar los parámetros de gobernabilidad de los centros de privación de libertad, garantizando que el régimen de internamiento se lleve a cabo en condiciones de vida digna y segura; abona al respeto de los derechos humanos y genera incentivos para que estas personas se reintegren a la sociedad.
Insistió la perredista en que es deber del Estado “tratar justamente y respetar la dignidad humana”. Con esta ley, abundó, dos paso a un marco regulatorio equilibrado y apropiado para la protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran en prisión, las procesadas y sentenciadas.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la priísta Cristina Díaz recordó que en la elaboración del dictamen requirió un trabajo de más de dos años en el que participaron organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos, autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la Conferencia Nacional Penitenciaria.
Dijo que hoy en día las condiciones de encierro en los centros penitenciarios dan lugar a violaciones sistemáticas de derechos humanos como consecuencia de los vicios en un sistema de cumplimiento de penas que privilegia el encierro y obstaculiza el desarrollo personal.
En tanto la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, la priísta Gabriela Ortiz destacó que el planteamiento de la reinserción social garantiza a quienes han sido sentenciados a permanecer visibilizados ante el sistema de justicia, dotar y exaltar los derechos humanos y garantes de la reinsersión de las personas sentenciadas.
A las 17:50 fue aprobada esta ley en lo general y en lo particular y se remitió a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.
