Sin la presencia de representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó el último informe sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ante James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -instancia que creó el GIEI-, Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox, Claudio Beristáin y Alejandro Valencia confirmaron su conclusión de que los estudiantes no fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula.

Además, revelaron que el responsable de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, encabezó una diligencia de recolección de restos óseos que no fue integrada en el expediente.

Cavallaro lamentó la ausencia de funcionarios del gobierno federal para conocer el informe, y exhortó “a todas las autoridades incluido al presidente Enrique Peña Nieto a continuar con la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos”.

El presidente de la CIDH, quien es también relator especial para México, destacó que en días próximos se definirá el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones que haga el GIEI para continuar con la indagatoria, y que tomará en cuenta la petición de los padres de familia de los jóvenes de que sean los integrantes del GIEI los responsables de monitorear los avances.

En un evento que se prolongó por más de tres horas, los expertos hablaron del incumplimiento de las recomendaciones para abundar en nuevas líneas de investigación que formularon el 6 de septiembre en su primer informe; de los obstáculos para realizar su trabajo; de nula calidad científica del tercer peritaje al basurero de Cocula, así como de la visita que Zerón de Lucio hizo al río San Juan, en compañía de personal de periciales de la PGR y de uno de los presuntos inculpados, el 28 de octubre de 2014, diligencia que no está integrada en el expediente, y en la que se habrían localizado pruebas de las que se desconoce su destino; de la participación de las diferentes corporaciones de seguridad pública y del Ejército, y de las evidencias del uso de la tortura para sostener la “verdad histórica”.

Claudia Paz y Paz, exfiscal de Guatemala, narró que el segundo periodo de su mandato estuvo marcado por los obstáculos para el GIEI, a pesar de que entre noviembre y diciembre se creó una unidad especializada en el caso Ayotzinapa dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

La abogada destacó que a partir de enero de este año “la actitud de colaboración cambió, de manera que las diligencias sugeridas eran dilatadas o francamente rechazadas” por la PGR.

Al 15 de marzo, 50% de las solicitudes formuladas por el GIEI no habían sido atendidas, en tanto que el resto estaban cumplidas parcialmente o en proceso de cumplimiento.

Apuntó que a pesar de que desde su primer mandado solicitaron algunos testimonios, una semana antes de que ellos presentaran el informe final, la PGR “tomó en cinco días 65 declaraciones ministeriales”, sin la presencia de los expertos, que no pudieron integrarlas en el documento final.

Entre los temas que no se han atendido y que resultan relevantes, dijo, está el tema de la telefonía celular, que confirmaría la coordinación de cinco elementos policiacos de Iguala con un personaje al parecer de la delincuencia organizada, que sólo ha sido identificado como Caminante, sin contar con que la dependencia federal tampoco ha hecho una investigación pormenorizada de los teléfonos celulares de unos seis estudiantes cuyos aparatos siguieron funcionando horas y días después de los hechos fechados en la versión oficial.

Francisco Cox, abogado chileno, refirió que el último peritaje por un panel de expertos en fuego, auspiciado por el gobierno de Peña Nieto como condicionante para que el GIEI continuase con el segundo mandato, “no alcanza los estándares internacionales mínimos ni cuenta con elementos científicos para ser considerado por un tribunal de la república”.

Cox describió el informe parcial dado como definitivo por la PGR el 31 de marzo, que consta de nueve páginas, y que “no respondió a las preguntas planteadas ni a su expertiz”.

Tras un año de trabajo, apuntó, el GIEI “no ha visto una sola evidencia” para cambiar su conclusión de que en el basurero de Cocula no fueron incinerados los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

El abogado chileno destacó que la maquinación de una nueva hipótesis a cargo de Tomás Zerón de Lucio, en la que supuestamente no habrían sido 43 sino 17 los normalistas calcinados en el basurero, surgió 11 días después de que el GIEI dio a conocer su primer informe, y meses antes de que el presunto autor intelectual de la masacre, Gilberto López Astudillo, presuntamente diera a conocer esa versión.

Cox apuntó que esa nueva versión surgió incluso contra las diligencias que hizo la PGR dirigidas en todo momento a demostrar la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, como aglutinar a 43 policías en una camioneta de tres toneladas, como la que supuestamente se usó para trasladar a los muchachos al basurero.

Carlos Beristáin señaló que la línea de investigación que llevó a crear la “verdad histórica” surgió de una llamada anónima el 26 de octubre, tal como lo revela Proceso en su edición que empezó a circular este domingo.

El médico español mostró un video y fotografías tomadas por los periodistas independientes José Manuel Giménez y Daniel Rodríguez Villa, el 28 de octubre en los que se observa a Zerón de Lucio encabezando un operativo en el que se llevó a Agustín García Reyes a las inmediaciones del río San Juan.

En las tomas se observa a personal de la PGR analizando una bolsa negra de basura con lo que parece tierra y junto a ella una bolsa blanca, así como a personal de periciales de la dependencia recolectando restos óseos quemados, diligencia que no fue consignada en el expediente.

Asimismo, en otra toma se observa a personal del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) discutiendo con personal de la PGR porque no les dieron acceso a la zona donde se recolectó evidencia.

En el expediente se asienta una inspección realizada el 29 de octubre, en la que “buzos de la Marina” habrían descubierto la bolsa negra con restos óseos, y que al parecer es la misma que se encontró en la víspera por el equipo que encabezó Zerón.

Al señalar que es importante realizar investigaciones sobre qué ocurrió con esas pruebas, Beristáin agregó que el GIEI tomó una muestra de 17 detenidos para realizar un análisis de las lesiones que presentaban y que podrían dar indicios de la utilización de la tortura y los malos tratos en la indagatoria.

La muestra incluye a los cinco presuntos integrantes de Guerreros Unidos, señalados como autores materiales del asesinato e incineración de los cuerpos; al presunto líder criminal Gilberto López Astudillo; a siete policías de Cocula y cuatro de Iguala.

A través de la revisión de las distintas constancias médicas que fueron sometidas a análisis del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CIRVT), los expertos determinaron que “en todos los casos hay indicios significativos de que fueron víctimas de malos tratos y tortura”, y que las lesiones fueron aumentando de la detención a la retención por instancias policiacas.

Ángela Buitrago abordó la operación al parecer coordinada entre integrantes de cuerpos de seguridad y la delincuencia organizada para evitar que los estudiantes salieran de Iguala.

La exfiscal colombiana narró que de testimonios obtenidos de víctimas de otras acciones violentas ese día así como de documentos oficiales que se integran en el expediente, es evidente que el radio de acción de la noche violenta abarcó 80 kilómetros, entre Iguala y Chilpancingo.

A lo largo de esos kilómetros, dijo, se instalaron varios retenes policiacos, algunos de ellos atribuidos a la Policía Federal, que impidieron que los familiares y jugadores del equipo de futbol Avispones avanzaran hacia Chilpancingo en busca de ayuda tras la balacera de la que fueron víctimas, en tanto que obstaculizaron el paso para que llegaran a Iguala.

Buitrago resaltó que mientras en Iguala y en las inmediaciones había balaceras y terror, el responsable de la PF del cuartel de Iguala, Luis Antonio Dorantes, reportó a sus superiores que había “saldo blanco”, en tanto que agentes de la Policía Federal Ministerial se limitaron a acudir buscar al entonces responsable de la Seguridad Pública municipal, Felipe Flores, quien está prófugo, y reportaron que este funcionario les afirmó que “todo estaba bajo control”.

La abogada da cuenta de la presencia de diferentes actores, entre ellos policías municipales de Huitzuco, que participaron en la desaparición, en tanto que policías estatales no actuaron para defender a los estudiantes, sino que ordenaron acuartelarse.

En el evento se hizo referencia a que los militares negaron el apoyo a los familiares de los Avispones, una vez que éstos llegaron al 27 Batallón para denunciar el ataque del que habían sido víctimas, así como del cambio radical de su declaración.

Como lo reportó Proceso en el número 2959, los miembros del GIEI dieron cuenta de que en ampliación de declaraciones, al menos dos elementos castrenses señalaron que acudieron a la barandilla, donde habría al menos una docena de estudiantes detenidos, no para verificar la seguridad de éstos sino para recuperar una motocicleta por órdenes del excomandante del 27 Batallón, José Rodríguez Pérez.

Buitrago también se refirió a las omisiones de la PGR para investigar el quinto camión, y la dilación para solicitar apoyo al FBI en Estados Unidos para seguir la línea de investigación sobre el trasiego de heroína de Iguala a Chicago.

Alejandro Valencia, también colombiano, exhortó a “continuar trabajando en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos”, al tiempo que dio cuenta de una veintena de recomendaciones a la PGR para el esclarecimiento del caso, lo que podría funcionar “para transformar el sistema penal mexicano”.

Destacó que durante el segundo periodo del mandato del GIEI se realizaron 25 exploraciones y nueve búsquedas, apoyadas por el EAAF y la PGR, en la que localizaron restos de dos personas, que no corresponden a los normalistas.

Puntualizó que mientras el destino de los 43 desaparecidos “no se ubique y conozca la verdad, las búsquedas deben continuar”.

Tras recibir de manos de los expertos una copia del informe final, el presidente de la CIDH James Cavallaro lamentó que el gobierno de Peña Nieto decidiera “no apoyar la prórroga del mandato del GIEI, que pone fin al acuerdo a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos, principalmente los que se refieren a la ubicación de los estudiantes desaparecidos”.

En nombre de la CIDH Cavallaro pidió a las autoridades que “analicen y también implementen las recomendaciones” formuladas por el grupo de expertos.