“El caso Tlatlaya se encamina a quedar impune”, enfatizaron a La Jornada diversas organizaciones defensoras de derechos humanos. Esto después de que un juez militar absolvió a seis soldados que eran acusados de participar en la ejecución extrajudicial de 22 personas en una bodega ubicada en ese municipio del estado de México.
Las organizaciones civiles informaron que el juzgado sexto militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete elementos castrenses que participaron “en la masacre de Tlatlaya”. Además que al séptimo de los acusados fue condenado solamente a un año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó.
Los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y de la Montaña Tlachinollan, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, Litigio Estratégico en Derechos Humanos (iDHeas), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos –que agrupa a más de 80 ONG—, el Centro Nacional de Comunicación Social, entre otros, denunciaron que la sentencia favorable de los militares involucrados sólo pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso debido “a la opacidad” que subsiste en el caso.
“La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente. Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad”, señalaron en un comunicado.
Lamentaron que en este caso la Procuraduría General de la República (PGR) sea omisa. “Como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos, la PGR ha fragmentado la investigación integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.
