Notimex informa que el Senado de la República recibió oficialmente la iniciativa ciudadana “ley 3de3” respaldada por 291 mil firmas, que plantea hacer obligatoria la presentación de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal a servidores públicos.

La propuesta ciudadana, presentada por organizaciones civiles y universidades, propone rediseñar el sistema de responsabilidades de los funcionarios de los tres niveles de gobierno y establecer sanciones a particulares que incurran, fomenten o solapen actos de corrupción.

Define la corrupción a partir de conductas ilegales de 10 tipos: desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, uso ilegal de información falsa o confidencial, soborno, colusión, nepotismo y conspiración.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, destacó la participación y el esfuerzo encomiable de la sociedad en la recolección de estas firmas, que suman tres veces más que el requisito establecido en la ley.

El legislador del Partido Acción nacional (PAN) garantizó que el Senado actuará con total responsabilidad en la construcción de las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Lo decimos con total claridad: no vamos a descafeinar ninguna reforma constitucional, el marco está determinado ya en la Constitución y lo que toca ahora es hacer buenas leyes para dar condiciones de eficacia para la prevención y sobre todo para la sanción de todo tipo de actos de corrupción”, expuso.

“Ya lo hemos demostrado en otro momento y lo demostraremos con ocasión y en ocasión de la construcción de las leyes reglamentarias en materia de anticorrupción”, abundó.

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, indicó que se recopilaron 291 mil 467 firmas ciudadanas para que la propuesta “3de3” y una vez que el Instituto Nacional Electoral las valide, se iniciará en la Cámara de Senadores el proceso de discusión y aprobación para su transformarla en ley.

“Hoy 291 mil 467 ciudadanas y ciudadanos demandan al Congreso de la Unión un compromiso contundente para impedir que el servicio público sea fuente de riqueza ilegal y combatir frontalmente la corrupción e impunidad”, destacó Bohórquez López.

Respaldan esta iniciativa Transparencia Mexicana, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Fundación Ciudadana para la Salud, así como los centros de Estudios Espinosa Yglesias y de Investigación y Docencia Económicas.

También los institutos Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Mexicano para la Competitividad y Tecnológico Autónomo de México, además de las universidades del Valle de México y Nacional Autónoma de México.

El Consejo Coordinador Empresarial, Causa en Común, Wikipolítica, México Evalúa, el Observatorio Baja California, Más Ciudadanía y Acción Ciudadana frente a la Pobreza son parte también de los promotores de esta iniciativa.