Apro informa que a estrategia del presidente Enrique Peña Nieto de conjugar a las fuerzas armadas y las policiales del Estado, así como a las municipales en la lucha contra el narcotráfico y en labores de seguridad agravó la crisis de derechos humanos y desató una mayor violencia contra la población civil, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en México en 2015, el órgano jurídico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó la falta de rendición de cuentas en el gobierno de Peña Nieto frente a las graves violaciones de las garantías individuales en el país.
“México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años”, asegura el documento y explica que esta situación comenzó en 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón dio el banderazo de inicio a la lucha militarizada contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ahora se mantiene, agrega, por la emulación que de ella ha hecho Peña Nieto.
De 236 páginas, el reporte de la CIDH destaca que por la lucha militarizada contra el narcotráfico de Calderón Honojosa y de Peña Nieto, en México “las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes”. Ello provocó la muerte de más de 100 mil personas, miles de desapariciones y el desplazamiento de millares de personas por todo el país.
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“Esta situación ha desatado mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en las que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a las estándares internacionales”, recrimina el examen elaborado por la CIDH.
En su valoración, el órgano jurídico interamericano reconoce que desde 2011 el gobierno mexicano ha instrumentado reformas constitucionales y ha adoptado protocolos para investigar casos de tortura y desaparición forzada de personas. No obstante, sostiene que el gobierno de Peña Nieto no cumple con estos compromisos.
“Sin perjuicio de estos avances, la respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación. La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país en su acceso a la justicia, prevención del delito y otras iniciativas gubernamentales”, resalta el informe.
