Apro informa que Salvador Almonte Solís, director general del Penal de El Altiplano, afirmó que las acusaciones de maltrato físico y mental que supuestamente sufre Joaquín El Chapo Guzmán al interior del penal del Altiplano obedecen a que “busca victimizarse y desestabilizar al penal”.
El lunes pasado, José Refugio Domínguez, uno de los defensores del líder del cártel de Sinaloa, dio a conocer un escrito enviado el 15 de febrero al Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el que El Chapo denuncia que no lo dejan dormir por el continuo pase de lista al que es sometido y eso le ha ocasionado presión alta y dolor de cabeza constante.
Además denunció que desde su reaprehensión el pasado 8 de enero sólo ha podido recibir 15 minutos en el penal del Altiplano a su hermana, otros 15 a su esposa Emma Coronel y 30 minutos a su abogado, además de que no ha recibido la visita de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que constante las violaciones de las que dice ser víctima.
A solicitud del juez, Almonte Solís, dio respuesta a las denuncias de El Chapo a través de un escrito fechado el 17 de febrero en el que afirma:
“En cumplimiento a lo requerido en su comunicación número 935/2016, esta autoridad nunca ha infringido dolor o sufrimiento grave que se traduzcan en actos de tortura en perjuicio del incausado (Joaquín Guzmán Loera), es completamente falso y carecen de sustento las reclamaciones que hace, por ello, no existe ninguna razón para suponer que se encuentre en peligro su vida, su integridad o su salud.”
“Lo cierto es que irrestrictamente se respetan sus derechos humanos y por ello, de las simples manifestaciones que hizo al secretario de acuerdos que desahogó la audiencia informativa, no se desprenden, ni siquiera indicios, de que los hechos que aducen configuran el ilícito de tortura, por lo que se considera innecesario ordenar la intervención del ministerio público federal, porque la púnica pretensión del interno es victimizarse y causar un desequilibrio al interior de esta unidad administrativa, evitando la aplicación de las medidas especiales de seguridad que requiere autorizadas por el último párrafo del Artículo 18 de la Constitución.”
Además afirma que existen “pruebas suficientes” dentro del expediente para justificar las medidas tomadas en el caso del capo, como el hecho de que se ha fugado en dos ocasiones de dos centros federales de máxima seguridad, que es considerado líder del Cártel de Sinaloa y cuenta con múltiples antecedentes penales por lo que su recaptura y permanente custodia es “uno de los objetivos prioritarios del gobierno de la república, además de estar siendo procesado por delitos de delincuencia organizada”.
Almonte Solís recalca en su respuesta que es “completamente falso” que se perturbe el descanso de El Chapo durante la noche o el día, y el hecho de que no haya tenido visita familiar “no es atribuible a esta autoridad, sino que sus familiares no han mostrado interés en cumplir con los requisitos que establece la normatividad ampliamente conocida en cuanto a la autorización de visitas”.
Según el director del Altiplano, las recientes acusaciones del capo, su esposa Emma Coronel y su abogado José Refugio Domínguez constituyen “falacias” y afirmó que como autoridad “es garante de mantener el orden y disciplina en el marco estricto de derecho”.
