La Jornada informa que el gobierno federal se empeñó y puso obstáculos para que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa no se reunieran con el papa Francisco, porque ello habría puesto en evidencia diversas problemáticas que se viven en México, como desapariciones forzadas, ejecuciones extraoficiales, ataques a la libertad de expresión y a la protesta social, afirmó Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos desde septiembre de 2014.
Al término de un encuentro con la procuradora general de la República (PGR), Arely Gómez González, el litigante reveló que el experto José Torero (quien hizo un peritaje y determinó que en el basurero de Cocula no hubo un incendio con posibilidades para incinerar a los 43 estudiantes), participará en el tercer estudio que se llevará a cabo en ese lugar para determinar de manera definitiva si allí se incineraron los estudiantes.
Rosales, señaló que ni la PGR no les dio mayores detalles de quiénes integrarán el equipo que llevará a cabo el nuevo peritaje en el basurero de Cocula, pero les confirmó que ya se firmaron las bases con el Grupo Interinstitucional de Expertos Internacionales (GIEI) enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el llamado caso Iguala.
En tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que nadie impidió al papa Francisco reunirse o acudir a los lugares que el mismo eligió. Precisó también que durante los seis días de estancia en México del máximo líder de la iglesia católica no se registró ningún incidente en materia de seguridad.
“El Papa recorrió nuestro país, estuvo donde quiso estar y dijo lo que quiso decir. Nadie, absolutamente nadie evitó su visita a algún lugar ni el encuentro con nadie y, por supuesto, el poder escuchar las voces de México”.
