La Sección Segunda de la Séptima Zona Militar advirtió a Rodrigo Medina de la Cruz que gracias a la complicidad de autoridades penitenciarias, Los Zetas obtenían en la prisión de Topo Chico unos 15 millones de pesos al mes por cobro de cuotas, venta de droga y otros negocios, fondos que permitían financiar la narcoguerra que asolaba al estado de Nuevo León en ese periodo.
La advertencia ocurrió a la mitad de la administración de Medina de la Cruz. Pero no fue la única: investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León publicaron el libro Prisión y familia: retos para la cohesión social y el desarrollo del siglo XXI, en el cual se documentaba la tragedia que viven las familias de los reos en los penales del estado.
Además, organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre la bomba de tiempo que amenazaba a las cárceles al juntar peligrosos reos del crimen organizado con internos detenidos por delitos comunes.
El informe de la inteligencia militar destacaba que al menos cinco millones de pesos del total que obtenían Los Zetas en el Topo Chico se destinaban a los sobornos de custodios, jefes de guardia comisarios y los directivos del centro de reclusión. En los círculos militares se rumoraba que los sobornos también llegaban a los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública.
El penal de Topo Chico operaba de manera similar al resto de las prisiones controladas por el crimen organizado en la región, entre los que destacan Altamira, donde salen el 80 por ciento de las llamadas de extorsión que se hacen en el noreste.
En el Cereso de Gómez Palacio, Durango, integrantes del crimen organizado presos salían por las noches en vehículos y con armas oficiales a realizar una serie de matanzas que ocurrieron en bares de Torreón, Coahuila.
El caso más dramático y escandaloso ocurrió en el Cereso 2 de Piedras Negras, donde Los Zetas asesinaron entre el 2009 y 2011 a más de 150 hombres y mujeres cuyos cuerpos incineraron. Incluso en esa cárcel se escondía el capo zeta Omar Treviño Morales, El Z-42, cuando la Marina realizaba operativos para capturarlo. En septiembre del 2012, 132 reos decidieron salir por la puerta grande de esa cárcel.
En Nuevo León, el 31 de diciembre del 2011, Los Zetas mostraron el control que mantenían sobre el Topo Chico. Ese día que montaron un operativo para sacar de la prisión a Gabriela Muñiz Tamez La Pelirroja y colgarla en un puente peatonal de una importante avenida de Monterrey, debido a que era la novia de un capo del Cártel del Golfo. La imagen de la mujer ahorcada con el torso desnudo le dio la vuelta al mundo.
A pesar de la advertencia que le hacía el Ejército, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz no movió ningún dedo para retomar el control del penal, incluso cuando los asesinatos de custodios y jefes de guardias ocurrían cotidianamente.
