Intelectuales y organizaciones sociales presentaron una iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, que busca establecer lineamientos para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, con el fin de prevenir, corregir y sancionar prácticas deshonestas en la administración pública.
El colectivo, convocado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CIDE), emprendió la recolección de firmas con el fin de poder presentarla para su votación al Congreso de la Unión bajo la figura de iniciativa ciudadana, la cual requiere el aval del 0.13% de la lista nominal de electores. Los organizadores pretenden obtener cerca de 120,000 firmas.
La propuesta —presentada este martes en conferencia de prensa— plantea un código de comportamiento y obligaciones para los servidores públicos, coordinación entre las autoridades de los distintos niveles, mejores capacidades de investigación y facultades para sancionar a particulares involucrados en actos deshonestos. Además, da prioridad a la recuperación del daño ante actos de corrupción, propone una lista ‘negra’ de corruptos, así como mecanismos para facilitar la denuncia.
El documento define 10 tipos de actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
Esta iniciativa, que busca unificar criterios a nivel nacional, es parte de la legislación secundaria en materia anticorrupción que se encuentra pendiente para poder completar la reforma constitucional promulgada en mayo del año pasado y que tienen como plazo para ser aprobadas en mayo próximo.
El PAN presentó el año pasado sus iniciativas, en tanto que el PRD buscará que su partido se adhiere a esta iniciativa, según señaló el senador Zoé Robledo, presente en el evento.
El proyecto de ley es una extensióm a la iniciativa #3de3, impulsada en las pasadas campañas electorales por el Imco y Transparencia Mexicana para que los candidatos y otros actores políticos hicieran públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos. Esta nueva ley incluiría está disposición, entre otras medidas de transparencia para evitar actos de corrupción como el enriquecimiento inexplicable.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, recordó que, de acuerdo con datos del Banco Mundial y del Banco de México, la corrupción equivale a 9% del Producto Interno Bruto (PIB), o a 347,000 millones de pesos al año, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“La corrupción es uno de los principales problemas públicos de nuestro país (…) Estos datos indignan, preocupan y han movido a este grupo de organizaciones y personas a realizar este proyecto de ley general”, enfatizó en conferencia de prensa.
“La indignación se tiene que transformar en acción, es lo que hemos decidido estás organizaciones que nos empeñamos en que la corrupción ni la impunidad que la acompaña no son un mal al cual nos tengamos que resignar”, añadió la analista política María Amparo Casar.
Otras figuras que asistieron para respaldar la iniciativa fueron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón; la comentarista Denise Dresser, el rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente y la académica María Marván, entre otras personalidades.
