MILENIO informa que derivado de la recomendación 51/2014 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso Tlatlaya, la Secretaría de la Defensa Nacional adquirió kits de cámaras de video en casco táctico para que personal militar grabe las operaciones contra la delincuencia y otras misiones.
El propósito es documentar "incidentes" e "interacciones" con la población civil mediante el uso "intensivo" de cámaras y que sea posible contar con evidencia de que militares respetan los derechos humanos, como se ordena en el numeral 18 E del Manual de Uso de la Fuerza, de aplicación común a las Tres Fuerzas Armadas.
Raúl Plascencia, ombudsman nacional, solicitó el "estricto cumplimiento" de la disposición considerada en el manual en una de las 10 recomendaciones que envió al general Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, respecto a la muerte de 22 civiles por disparos del Ejército en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
Así se desprende de documentos oficiales y reportes obtenidos por MILENIO, que revelan que la Sedena solicitó a la Secretaría de Hacienda un presupuesto de 50 millones 664 mil pesos de pesos para la adquisición de 2 mil 245 equipos de cámara de video para montar en casco, 2 mil 245 de megáfono con auricular, 2 mil 245 de GPS y 2 mil 245 de linterna para casco Surefire HL1B-TN.
Mandos del Ejército dijeron, a su vez, "que en los primeros meses de 2015 personal militar comenzó a videograbar diversos operativos, entre éstos, contra el narcotráfico y la delincuencia organizada".
Comentaron que en algunas bases de operaciones se han entregado en promedio 30 kits de cámara. El equipo se coloca en el casco de un oficial, teniente por lo general, que es el comandante de la unidad respectiva, pues no hay posibilidades de que todos los soldados lo porten.
De acuerdo con el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, el año pasado se mantuvo un promedio mensual de 34 mil 86 militares desplegados para diversas tareas, entre éstas operaciones contra el narcotráfico y de aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Además, estuvieron disponibles 16 mil 92 efectivos para apoyar a cuerpos policiales en funciones de seguridad pública.
