Incidentes violentos, homicidios y suicidios, falta de personal, atención adecuada y violencia traducida en quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, es el “costo más lamentable” de la sobrepoblación en el sistema penitenciario del país, que desde hace diez años supera la cuarta parte de la capacidad instalada, alertó Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En conferencia de prensa para presentar el documento “La Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Análisis y Pronunciamiento”, la visitadora manifestó su preocupación por el crecimiento de la población carcelaria en los últimos años, al pasar de 88 mil 071 en 1994 a 254 mil 705 en 2015, con un déficit de 51 mil 621 lugares, lo que equivale a una sobrepoblación de 25.4%.

Si bien consideró que el incrementar los espacios de reclusión no es la solución, Villanueva Castilleja acotó que en los últimos 20 años “se incrementó la capacidad en los centros penitenciarios del país de 91 mil 422 a 03 mil 084, lo que representa un aumento de 11 mil 162 nuevos espacios”.

La visitadora señaló que de los 388 centros penitenciarios que hay en el país, hay sobrepoblación en 204, siete federales, 57 locales con población que purga delitos del fuero común, 147 locales con población mixta, del fuero común y federal, lo que representa 51 mil 621 reos “que no cuentan con espacios óptimos de habitabilidad”.

Al señalar que en 76 de los centros de reclusión “los reos tienen un sistema de autogobierno, ellos imponen sus propias reglas ante la carencia de personal”, la tercera visitadora señaló que del total de 254 mil 705 internos, 80.79% son procesados o sentenciados por delitos federales, en tanto que el resto por delitos del orden común.

La visitadora de la CNDH destacó que de acuerdo a cifras de enero a diciembre de 2014, se registraron mil 737 incidentes, 993 en centros estatales, 740 en centros federales y cuatro en prisiones militares; 117 homicidios y suicidios; mil 435 riñas, 700 en penales locales, 735 en Ceferesos, en tanto que el organismo tiene un acumulado de 6 mil 121 quejas presentadas tanto de Ceresos  como Ceferesos.

“Las quejas de mayor incidencia se refieren a la mala atención en materia de salud –explicó la visitadora–, es un tema muy delicado en las prisiones, es uno de los ejes que más se ha mermado por la sobrepoblación, falta medicamentos, hay quejas por la falta de atención de especialistas; la carencia de personal no es únicamente de custodios, sino todo el personal técnico, sobre todo médicos generales, que no hay, y mucho menos especialistas”.

Al señalar que el aumento de las penas “no es la solución para acabar con la delincuencia”, Villanueva Castilleja resaltó que “la gente que está sometida a grandes penas va a envejecer y morir en prisiones, hay sentencias de más de 100 años y la gente necesita por la propia edad tener atención geriátrica”.

Indicó que al haber sobrepoblación en siete centros federales, “no cumplen con los requisitos de alta seguridad”. Comentó que en el caso del penal del Altiplano, la sobrepoblación ronda en “300 reos más de la capacidad instalada”, que es de mil 024.

Señaló que después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, a la Tercera Visitaduría llegó “una queja con varias firmas, por la que los internos denunciaban que objetos que habían sido introducidos anteriormente, les fueron retirados, y que las visitas se las han estado espaciando”.

Agregó que el organismo también está atendiendo las quejas de familiares de custodios procesados por la evasión del narcotraficante, “referidas a que no habían podido visitarlos (a los custodios), que no podían ingresar al centro penitenciario, o piden que sean trasladados de centro”.

Villanueva puntualizó que los efectos de la sobrepoblación en materia de derechos humanos se traducen en “el déficit de espacios humanamente habitables; el hacinamiento como resultado de una ausencia o inadecuada clasificación de la población; falta de control e ingobernabilidad, por la inequidad debido a la mayor cantidad de internos ante el menor número de empleados de las instituciones penitenciarias”.

Asimismo, identificó como otros problemas “insuficiencia de servicios básicos de alojamiento en condiciones de vida digna en prisión y falta de oportunidades reales de acceso a los medios para lograr la reinserción adecuada”.

Villanueva Castilleja puntualizó que la crisis penitenciaria requiere con urgencia una respuesta integral de Estado, es decir, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con apego a estándares internacionales de derechos humanos.

El estudio de la Tercera Visitaduría fue enviado por el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, a los mandatarios del país, así como al comisionado nacional de Seguridad, a los titulares de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, así como los presidentes de las comisiones, defensorías y procuradurías estatales de derechos humanos.