Apro reporta que la ex alcaldesa priista del municipio de San Luis Potosí, Victoria Labastida Aguirre, así como cuatro ex funcionarios de la administración 2009-2012 son buscados por autoridades ministeriales en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por el juez sexto local en un proceso iniciado por peculado, uso indebido de la función pública y otros delitos.
El monto involucrado en estos delitos es 464.8 millones de pesos.
La orden de captura fue confirmada por el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, quien aseguró que este procedimiento es consecuencia de un proceso judicial iniciado en el sexenio pasado. No obstante, la medida se da a conocer a solo dos días de que Carreras asumió el cargo.
“No es un tema opcional para el gobierno; cuando hay un ordenamiento de una autoridad judicial la administración gubernamental está obligada a dar cumplimiento”, declaró esta mañana el gobernador.
El proceso fue iniciado por la Auditoría Superior del estado, tras la detección de diversas irregularidades atribuidas a la ex alcaldesa, así como a su tesorero, Agustín Soberón Álvarez; el secretario del Ayuntamiento Emigdio Ilizaliturri Guzmán; la contralora Glafira Ruiz, así como el regidor Miguel Ávalos Oyervide, quien reemplazó a Labastida cuando ésta pidió licencia para ser candidata al Senado.
En abril del año pasado se inició un proceso administrativo de responsabilidad, del cual estarían derivando la orden de aprehensión contra todos los exfuncionarios municipales encabezados por Labastida.
Victoria Amparo Labastida Aguirre, psicóloga de profesión, fue funcionaria del gobierno estatal y diputada local de 2006 al 2009, cuando dejó su curul para buscar la alcaldía de la capital.
Compitió como única mujer candidata por la presidencia municipal de la capital en 2009, haciendo mancuerna con el candidato a gobernador Fernando Toranzo Fernández, de quien se distanció una vez que ambos ganaron las elecciones.
Con su triunfo, Labastida rompió la hegemonía del PAN en este municipio, que el blanquiazul gobernó durante 12 años.
Entre las irregularidades imputadas a los exfuncionarios se encuentran: Numerosos viajes dentro del territorio nacional y al extranjero cuyos beneficios para el municipio no fueron evidenciados, contratación de deuda sin permiso del Congreso, aumento de la burocracia, asignación del servicio de agua a una empresa particular, tráfico de influencias para permitir la instalación de tiendas departamentales y varias anomalías en la asignación de obras.
