Apro reporta que el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias lamentó el desinterés del gobierno mexicano para cumplir con las recomendaciones que emitió en 2011 durante su última visita al país.
Además, subrayó que “el incipiente reconocimiento discursivo al problema de la desaparición forzada no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano, ni del más alto nivel”.
A principios de año, el Grupo de Trabajo recabó información del gobierno mexicano y de organizaciones de la sociedad civil sobre el cumplimiento de las recomendaciones que emitió durante su visita al país hace cuatro años.
Con base en ese intercambio con el gobierno de Enrique Peña Nieto, concluyó en un extenso informe: “El Grupo reitera su pesar por los pocos avances registrados en la implementación de sus recomendaciones. Los grandes desafíos detectados durante su visita (en 2011) y plasmados en su informe aún perduran. Salvo excepciones, la impunidad prevalece, los hechos no se esclarecen y las víctimas no reciben una adecuada e integral reparación”.
También hizo suya la afirmación del Comité contra la Desaparición Forzada, según el cual existe “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
Si bien el Grupo valoró que el gobierno reconociera “la gravedad” del delito de desaparición forzada y “los importantes retos” que enfrenta en la materia, constató que en realidad “no ha habido un reconocimiento a la dimensión del problema”, ya que “las autoridades aún utilizan una terminología elusiva para referirse a las desapariciones forzadas”, “suelen evadir sus responsabilidades” o “minimizan los hechos calificándolos como aislados”.
Prueba de ello, destacó, fue la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, además de la “situación particularmente crítica” de las estadísticas, el descubrimiento de fosas clandestinas en varias partes del país o “la alarmante impunidad” que “favorece la perpetración de las desapariciones forzadas”.
