Todos los sindicatos deberán rendir cuentas sobre los recursos públicos que reciben, pues es una obligación constitucional y tendrán que cumplirla, afirmó la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), María Patricia Kurczyn Villalobos.

Si bien, precisó, las cuotas que aportan los trabajadores es dinero de particulares y por lo tanto no aplica la normatividad en transparencia, el patrimonio de los sindicatos no está conformado solamente con las cuotas de sus agremiados sino con recursos que les aportan las entidades federativas, en particular a través de convenios en los contratos colectivos de trabajo y sobre esos sí deben rendir cuentas sobre montos y destino.

“Ahora la negativa sindical para rendir cuentas e informar acerca de los recursos públicos que recibe ya no queda a su arbitrio, es una obligación constitucional y tendrán que cumplirla”, subrayó durante su participación en el Seminario sobre Transparencia en el Uso de los Recursos Públicos, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM.

Al presentar su ponencia “Transparencia sindical en el ejercicio de los recursos públicos”, Kurczyn Villalobos explicó que los sindicatos reciben apoyo económico por parte de las dependencias que fungen como patrones, como en el caso de Pemex o la Comisión Federal de Electricidad.

Reciben, por ejemplo, apoyos para el fomento a la vivienda, actividades deportivas, festivales o para negociaciones del contrato colectivo de trabajo.

“Ese dinero que se le otorga al sindicato, por cualquier motivo, son recursos públicos los cuales sí están sujetos al acceso a la información y la rendición de cuentas”, subrayó.

Cuando los sindicatos reciben recursos públicos, abundó, se genera el derecho de cualquier persona, no necesariamente un trabajador, de solicitar información sobre su uso y destino.

La comisionada detalló que en la Ley Federal de Transparencia que se discutirá en el Congreso, junto con la vigente Ley General de Transparencia, se tendrán que conciliar los procedimientos para que los sindicatos cumplan las obligaciones de transparencia.