El Congreso mexicano produjo durante la Legislatura LXII (2012-2015) reformas muy relevantes para el desarrollo económico, social y político de México. Se trata de reformas a 90 artículos constitucionales y 33 nuevas leyes federales en materia energética, financiera, educativa, laboral, de telecomunicaciones, de transparencia y combate a la corrupción, entre muchos otros temas.
En contraste a los buenos resultados de las reformas aprobadas por la Legislatura que concluye, señala en un amplio estudio la consultora Integralia, el Congreso muestra serias deficiencias en el funcionamiento de su sistema de comisiones, un costo presupuestario creciente sin una justificación clara y un grave problema de opacidad en el manejo de las subvenciones de los grupos parlamentarios.
El Congreso mexicano cuenta con 56 comisiones en la Cámara de Diputados y 64 en la Cámara de Senadores. Se trata de un número excesivo de comisiones que coloca al Senado mexicano como la cámara alta con más comisiones en el mundo y a la Cámara de Diputados como la tercera cámara baja con más comisiones.
Además de las comisiones ordinarias, el Congreso ha creado muchas “especiales”. La Cámara de Senadores constituyó 13 de ese tipo y la de Diputados otras 37, así como dos de investigación. Si se suman todas las comisiones del Congreso de la Unión durante la Legislatura LXII se llega a la cifra de 176.
Además del exceso de comisiones, se observa un funcionamiento deficiente. Con frecuencia no cumplen con sus obligaciones reglamentarias como presentar sus planes de trabajo y sus informes anuales, así como sostener reuniones mensuales en el caso de la Cámara de Diputados. Salvo una que se reunió en 40 ocasiones (la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación), el resto de las 55 comisiones ordinarias de Diputados incumplió con la obligación de reunirse al menos una vez al mes. Los casos extremos son las comisiones de Vivienda, presidida por el diputado Carlos Aceves del Olmo (PRI) y la de Asuntos Migratorios, presidida por Amalia García (PRD), que solamente se reunieron en cuatro ocasiones en los tres años de la Legislatura. La Comisión de Población, presidida por Javier López Zavala (PRI), no se reunió en ocasión alguna según información oficial.
Aunque el Congreso exige cuentas y revisa el gasto de los otros poderes de la Unión, no da cuentas de los gastos que sus bancadas ejercen. Los vacíos legales para justificar y transparentar el gasto han permitido que estos recursos funcionen en ocasiones como “caja chica” de los coordinadores parlamentarios. Entre septiembre de 2012 y abril de 2015, por ejemplo, los coordinadores de la Cámara de Diputados recibieron 3,130 millones de pesos por este concepto. En el caso del Senado, en 2013 y el primer semestre de 2014 se ejercieron 1,753 millones de pesos por asignaciones a las bancadas. No existe información disponible de la segunda mitad de 2014 y del primer semestre de 2015, pero si la tendencia fuese la misma, en los tres años de la legislatura se habrían ejercido aproximadamente 3,400 millones de pesos. De esa forma, ambas cámaras del Congreso habrán asignado recursos a sus grupos parlamentarios por 6,530 millones de pesos durante la LXII Legislatura.
Las subvenciones a los grupos parlamentarios del Congreso mexicano son islas de opacidad. Aunque el Congreso exige cuentas y revisa el gasto de los otros poderes de la Unión, no da cuentas de los gastos que sus bancadas ejercen. Se trata de una asignatura pendiente que debe corregirse ahora que inicia una nueva Legislatura. Los grupos parlamentarios, tanto del Congreso federal como de los congresos locales, deben ser sujetos obligados para dar cuenta de cómo gastan sus recursos.
Cinco recomendaciones
Reducir el número de comisiones ordinarias y limitar la creación de comisiones especiales solamente para aquellos casos que por su trascendencia y urgencia requieren de un cuerpo que dé atención especial a algún tema de coyuntura. El número de comisiones ordinarias en ambas cámaras puede reducirse en al menos 50 por ciento y aun así México seguiría estando por arriba de la media mundial en cuanto a número de comisiones.
Reducir el monto de las subvenciones a los grupos parlamentarios que ascendieron en la legislatura que concluye a 6,530 millones en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Transparentar el uso y destino de las subvenciones a los grupos parlamentarios. La reforma constitucional en materia de transparencia, así como la nueva Ley General de Transparencia obligan a los grupos parlamentarios a abrir la información de sus ingresos y gastos.
Cumplir con la disposición que establece el artículo décimo tercero transitorio de la Ley General de Transparencia, que estipula que cada Cámara del Congreso de la Unión debió aprobar, a más tardar el 30 de agosto de 2015, un programa de reorganización administrativa que debía, comprender, entre otros asuntos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios.
Mejorar el funcionamiento del sistema de comisiones y asegurar que sus obligaciones se cumplan.
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