Ante las posibles irregularidades cometidas en la venta de inmuebles propiedad del estado de Puebla en la administración del gobernador Rafael Moreno Valle, el sector empresarial dijo estar a favor de que se investigue puntualmente cada transacción y se aclare cualquier presunta anomalía.

Fernando Treviño Nuñez, presidente de Coparmex, señaló que se deben hacer las investigaciones legales pertinentes y que se hagan responsables las personas involucradas en el tema, sean quien sean, esto a pesar de que se habla de posible favoritismo a empresarios amigos del ex mandatario estatal.

Treviño Nuñez comentó que esta situación que dejó grandes faltantes a las arcas del estado tiene que ser investigado a fondo.

Este martes, Puebla Online dio a conocer que durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, especialmente en la parte final de su sexenio, Puebla fue objeto de una subasta sin límites ni controles, en beneficio de empresarios amigos y aliados políticos del régimen que murió el pasado 24 de diciembre.

Según documentos, desde del epicentro del poder, bajo el más absoluto sigilo, se ejecutaron operaciones inmobiliarias que hoy están bajo la mirada del gobierno de Miguel Barbosa y que son motivo de una investigación profunda tanto por la Fiscalía General del Estado como por la Secretaría de la Función Pública -antes Contraloría-.

Entre 2012 y 2017 se vendieron 31 propiedades del estado, dejando un presunto desfalco a las arcas estatales de más de 211 millones de pesos.

De estos inmuebles, 22 fueron vendidos muy por debajo de su precio de avalúo comercial, con pérdidas que van, según el caso, de los 73 mil pesos a los 150.4 millones de pesos.

La Ex Hacienda de Santa Teresa, en San Andrés Cholula; la casona que albergaba la oficina de representación del gobierno de Puebla en la Ciudad de México, ubicada en la colonia Roma; el emblemático predio Kepler 1303, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, y el edificio sede de Puebla Comunicaciones, figuran entre la larga, larga lista de bienes del estado rematados, literalmente, en condiciones ventajosas para los beneficiarios.

El caso es investigado a fondo por el barbosismo y podría llevar a los tribunales, y en su caso a la cárcel, a quien o a quienes sean hallados responsables de estas operaciones consideradas fraudulentas.