Con la aviesa intención de sacar raja política, cada uno por su lado y cada cual por sus intereses, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el virtual candidato del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa, y el Congreso Nacional Indígena (CNI) -colectivos y personajes que ya no distinguen entre la manipulación política y las legítimas luchas sociales-, han extendido sus tentáculos al municipio de Zoquitlán, en la Sierra Negra de Puebla, en donde con perversidad encontraron en el Proyecto Hidroeléctrico de Coyolapa la posibilidad de un botín electoral con miras a 2018.
Sin que ninguno de los actores involucrados sea de la región, buscan frenar la obra que llevará a la zona una inversión de 33 millones de dólares, empleos, caminos, escuelas y el saneamiento de los ríos. Sin información y con un ánimo protagónico y de lucro electoral, sus acciones están afectando la posibilidad de que muchos beneficios lleguen a los más de 18 mil habitantes, en su mayoría indígenas y casi en su totalidad pobres. Pobres entre los pobres.
Es la historia tan repetida de los depredadores con pancarta que manipulan y lanzan estridentes señalamientos, pero se niegan al diálogo y, en este caso, a la consulta indígena que la empresa a cargo del ambicioso proyecto, con el respaldo de las autoridades estatales y federales, ha propuesto para demostrar que la mayoría la población respalda este proyecto.
La novedad en este caso es la aparición del EZLN, que ahora llevará una candidata independiente a la Presidencia en 2018, María de Jesús Patricio Martínez, también conocida como “Marichuy”.
La organización del subcomandante Marcos ha sido involucrada por actores ajenos a la comunidad, como Martín Barrios y Omar Esparza, quienes hace unos días viajaron a Chiapas para pedir que también tomen este tema como bandera.
El gancho seductor fue la rentabilidad electorera que puede brindar a “Marichuy”, cuya presencia en breve en Puebla no descarta.
Caso análogo se dio con estos “líderes” y el virtual candidato de MORENA, el senador ex perredista Luis Miguel Barbosa, quien ya metió su cuchara y, oportunista, les ofreció respaldo en su intención de frenar el proyecto; a cambio, como es lógico, pidió reciprocidad en su aventura de 2018.
A la par del descaro político con el que los opositores se están conduciendo, en las sombras y a espaldas de la gente, continúan su campaña de manipulación de pueblos.
En realidad, el Proyecto Coyolapa busca generar energía eléctrica limpia y sustentable, a través de una fuente renovable y dos subsistemas, de acuerdo con su definición.
En la ficha técnica de éste y en las exposiciones que se han presentado a las autoridades, delegados federales y funcionarios del estado, se aclara que no tendrá efectos negativos en ningún sentido, ni para el medio ambiente, ni para la población.
Se ha explicado que este plan traerá beneficios como empleos permanentes, la reparación y construcción de nuevos caminos, el saneamiento de las cuencas de los ríos de la región, la protección de fauna y flora, así como la conservación de suelos.
Zoquitlán es un municipio de la Sierra Negra, con poco más de 18 mil habitantes -más de 95 por ciento indígena- y, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), alrededor de 90 por ciento se encuentra en condición de pobreza, además de que sufre un rezago educativo que ronda el 47 por ciento de la población.
Desde el año pasado se han venido realizado reuniones para analizar este proyecto, en el que siempre las autoridades -así se ha establecido- se han declarado abiertas al diálogo que, hasta ahora, los opositores han desdeñado.
En diciembre de 2016, en reunión en Casa Aguayo, se planteó que es indispensable realizar una consulta indígena, para conocer la opinión de los pobladores.
En distintas reuniones entre autoridades federales y estatales se ha presentado documentación que comprueba que el Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa tiene todos los permisos y cumple con todas las leyes relacionadas con el tema, incluyendo la de Cambio Climático.
Como ejemplo, está que en abril de 2016, con absoluta transparencia y a los ojos de la opinión pública, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó su instalación, de acuerdo con el expediente número 21PIJ2015E0024.
Desgraciadamente, no es el único caso en que grupos políticos pretenden utilizar como bandera estos proyectos.
Hace unos meses, en Olintla, en la Sierra Norte, ocurrió algo similar.
Allá también manos de MORENA manipularon a un reducido número de personas, para intentar frenar la construcción del Sistema Múltiple de Agua Potable, que llevará el líquido de vida a 30 comunidades y 12 mil habitantes en su totalidad indígenas.
Ahí tampoco pudieron.
Es previsible que, mientras más cerca esté el proceso constitucional electoral de 2018, se incrementen estos casos.
Y es que las manos de quienes mueven la cuna pertenecen a depredadores, verdaderos corsarios electorales en busca de nuevos y más jugosos botines políticos.
Ya lo hemos visto muchas, muchas veces.