El despliegue de 500 nuevos elementos -entre estatales, federales y de Protección Civil- para combatir el robo de combustible en el Triángulo Rojo es una buena noticia. Sin embargo, difícilmente será, en el corto plazo, la solución al gravísimo problema que ha superado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la zona y que ha fincado un sistema metalegal -por encima de las leyes- y un clima de franca inseguridad, dominio de grupos armados que, además, mantienen el control económico y cooptan a ciudadanos y policías.
El huachicol -por cierto combustible de baja calidad que aún requiere de un último proceso de refinación, pero que es casi gasolina Magna (de 87 octanos)- se vende desde hace meses en la Central de Abasto de Huixcolotla como si se tratara de verduras y a pie de carretera, como si fueran cocos; ya nadie quiere ser policía en la región y han caído, como ocurrió hace un par de semanas, efectivos federales al enfrentar a los grupos armados.
Los alcaldes de esa región por miedo prefieren mirar a otro lado y no se meten con las bandas.
Esto, a pesar de que a sus integrantes y cabezas los conocen por nombre, apellidos y domicilios.
Ni siquiera se atreven a denunciarlos.
Son también parte de ese metagobierno que han establecido los chupaductos.
A esto hay que sumar que, por decisiones y omisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, se está abonando la tierra fértil para este delito en Puebla y en todo el país.
¿Por qué?
Sencillo.
El incremento en los precios de los combustibles, de hasta en 20 por ciento, favoreció a los chupaductos que venden el litro en 9 pesos.
Venden, por ahora, principalmente en zonas específicas de Puebla y otras entidades.
Sin embargo, podría crecer su “mercado“.
Mientras tanto, el Congreso de la Unión ha retrasado la dictaminación de la Ley de Seguridad Interior.
Ésta establecerá cuándo y cómo deben y pueden intervenir las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
También aborda la configuración específica del mando único policiaco.
De existir ya esta norma, las autoridades federales, el Ejército, las policías estatal y municipales no podrían estarse echando la bolita, como hasta hoy.
Unos no actúan porque dicen que es delito federal.
Otros se excusan con el pretexto de que está involucrada población civil y utilizar la fuerza traería daños colaterales y violaciones a derechos humanos.
Unos más, han preferido la abierta omisión.
El retraso de la Ley propicia que, por este delito, esa región de la zona oriente de Puebla sea literalmente la tierra de nadie.
Sin exagerar, esto es un desastre.
De ahí que hay que estar por lo menos escépticos con el anuncio del pasado 12 de enero, respecto de la llegada de medio millar de efectivos a la zona.
Este cuerpo estará a cargo de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) y lo integrarán agentes de la Policía Estatal, de Protección Civil y de la Gendarmería de la Policía Federal.
Reitero, es una buena noticia, pero es un paliativo apenas.
No es la solución final.
Para legar a esa, falta mucho.
El conflicto del robo de combustible a los ductos de Pemex demanda acciones profundas y decididas.
Operativos de seguridad permanentes.
Decisiones del gobierno federal acertadas.
Pero también que el Congreso ya avance en la Ley de Seguridad Interior.
Sin todo eso, no se acabará el problema.
Eso, no nos engañemos, lo saben muy bien las autoridades.
Las mismas que hacen “como que la Virgen les habla”.