A finales del pasado mes de diciembre, bajo el más absoluto sigilo, se resolvió uno de los casos más polémicos y complejos de la guerra electoral que Puebla vivió en 2016.
Mientras todos celebraban la Navidad y el fin -y el principio- de año, en la Procuraduría General de la República (PGR) se dictaminaba sobre la serie de denuncias penales que, entre marzo y abril de 2016, se presentó por presunto peculado en contra de importantes personajes del morenovallismo por el sonado “Operativo Tinaco Azul“.
Es decir, la repartición masiva de los famosos tinacos de color PAN con las leyendas “Acciones que Transforman” y “Ciudad del Progreso”, un programa social que tanto el ayuntamiento capitalino como el gobierno del estado echaron a andar precisamente en medio de la guerra por Casa Puebla, para el que se destinaron alrededor de 42 millones de pesos y que, en opinión del PRI y otros partidos, tuvo obvios fines electorales con el objetivo de favorecer al candidato de la alianza “Sigamos Adelante” a la gubernatura, Tony Gali Fayad.
Como le conté aquí el 9 de marzo de 2016 (http://www.pueblaonline.com.mx/garganta_prof/?p=8196#.WHV38CmFBjo), el “Operativo Tinaco Azul” causó la intervención de la PGR a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), cuyos agentes investigadores hicieron incluso una visita de inspección a Puebla para verificar las denuncias de los priístas que aseguraron que los operadores del programa pedían copia de la credencial del INE a los beneficiarios del mismo.
Tras la victoria en las urnas de Tony Gali, el tema se olvidó desde lo mediático pero continuó desde lo jurídico y político.
Una larga batalla legal se dio tras bambalinas, pues los abogados del PRI no quitaron “el dedo del renglón” y llevaron hasta el final el proceso iniciado al calor de la contienda electoral.
Pero todo terminó en diciembre pasado cuando los asesores legales del gobernador electo de Puebla lograron la exoneración tanto del gobernador Rafael Moreno Valle como del propio Tony Gali, así como del ex regidor y ex secretario de Desarrollo Social del ayuntamiento de Puebla, Xavier Albizuri, quien se perfila para ocupar una rol importante en la siguiente administración estatal.
La FEPADE resolvió que la repartición de tinacos no violó ni infringió la ley electoral, ni influyó en el resultado de los comicios, que la candidata del PRI, la senadora Blanca Alcalá Ruiz, perdió por casi 12 puntos de diferencia.
El espinoso tema es ya, pues, un caso cerrado, aunque hasta el último momento desde el CEN del PRI hubo intentos desesperados para revivirlo tanto como instrumento de golpeteo político contra el morenovallismo como cortina de humo ante asuntos más importantes como el repudiado gasolinazo.