Ha violado la Constitución y las leyes electorales con su propaganda adelantada; no tiene un grupo fuerte ni profesionales de la política y la comunicación en su primer equipo; carece del respaldo de la dirigencia estatal del PRI, de la que se ha burlado hasta el cansancio, y tampoco cae bien entre las bases; para rematar, sus adversarios internos lo abominan y se han unido en su contra.
Aun así, Juan Carlos Lastiri Quirós ya se ve como candidato del PRI a la gubernatura, totalmente desbocado y con notable precocidad.
Se promociona en bardas y en portadas de revista, en las que lo muestran con exceso de maquillaje para disimular lo disimulable.
Toma ventaja de su posición como subsecretario de la Sedatu y, al menos en apariencia, tiene la complacencia de la titular de la dependencia del gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, que ni le llama la atención, ni lo corre, y sí, en cambio, lo solapa.
La ex perredista es su cómplice.
A la mala, Lastiri se adelanta a sus correligionarios y se pitorrea de los llamados a la prudencia de su dirigente estatal, Jorge Estefan Chidiac, a quien no ve ni escucha.
Es el perfecto priísta gandalla.
Sin embargo, Lastiri no advierte que su carrera por llegar a la postulación de su partido en 2018 ha naufragado ya, desde antes de soltar las amarras para salir del muelle.
Su imprudencia –y gen marinista- lo hunde.
No solamente porque en ninguna medición seria aparece, siquiera en el sótano, sino por sus actos ilegales y adelantados, por abusivo y por desmesurado.
No son pocos los delitos que ya, presuntamente, ha cometido.
Juan Carlos Lastiri, quien se autodestapó formalmente –no tuvo quien lo hiciera por él- a finales de junio pasado, es un infractor flagrante de varios ordenamientos legales.
Viola con su campaña prematura el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe la promoción personal, “velada o explícitamente, al servidor público”.
Y es que él, a través de terceros, ha colgado su imagen en anuncios espectaculares, como benefactor, desde la Sedatu y con programas públicos, de grupos específicos.
Así lo hizo en julio pasado, con el argumento de que él no tuvo nada que ver con la propaganda y que esta fue responsabilidad de la Fundación 4N.
También, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), las apariciones en espectaculares, bardas y revistas en que Lastiri manifiesta abiertamente su intención de ir por la gubernatura, podrían ser claramente “actos anticipados” de campaña que ameritan sanciones.
Sus anuncios están por todo el territorio poblano.
Además, tiene sus patrocinadores, quienes también violan leyes al por mayor y echan manos de recursos público para quedar bien con el “jefe”.
Es el caso específico de las bardas con la leyenda “Lastiri, camino a la gubernatura“ -coincidentemente igual que en una revista-, que se ubican en Tlatlauquitepec, Chignautla, Teteles, Hueyapan, Xiutetelco, Teziutlán y Zacapoaxtla, esas que la vox populi asegura que las pagó Mario Herrera Oropeza, presidente municipal de Atempan.
El proceso electoral 2017-2018 comenzará hasta en octubre del próximo año.
Pero el oriundo y ex alcalde de Zacatlán se adelantó al calendario por casi doce meses.
Para frenarlo y que sea sancionado, hace falta una denuncia.
Ahí bien podrían hacer lo propio sus adversarios internos, quienes lo repudian ya abiertamente.
Los Doger, los Armenta, los Jiménez Merino y los Zavala podrían dejar la queja lacrimógena en Twitter, lo único que han hecho hasta ahora, e ir ante las autoridades electorales, o al menos de su partido, con una denuncia formal.
Si está en su ánimo y de verdad quieren “piso parejo” y respeto a los tiempos, deben proceder.
Como ejemplos de que las autoridades pueden intervenir con decisión, están los casos del mandatario poblano Rafael Moreno Valle y el senador panista Javier Lozano Alarcón, a quienes el Instituto Nacional Electoral (INE) les echó abajo parte de lo que se interpretó como promoción personal con fines proselitistas.
El primero por entrevistas en una publicación que difundió su imagen a nivel nacional; el segundo por la publicidad de su Cuarto Informe Legislativo.
El caso del subsecretario priísta es descarado.
Él no tiene ni siquiera un argumento para poner de pretexto.
Hasta ahora, solamente el delegado de la Sedesol, Juan Manuel Vega Rayet, quien va de la mano con Lastiri en su proyecto, ha salido tibiamente a defenderlo, con la frase: ”quien tiene aspiraciones se mueve y trabaja”.
En tanto, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del tricolor, el diputado federal Jorge Estefan, de quien Lastiri se ha pitorreado en público y privado, ya sacó la cara y ofreció ese piso parejo.
Más vale tarde que nunca.
Anunció en Twitter que esta semana que comienza se reunirá con los aspirantes.
Sin embargo, Jorge Estefan se comporta como el Ricardo Anaya del PRI estatal, pues él también es aspirante –es decir, juez y parte- y, al menos hasta ahora, Lastiri ha demostrado que no le tiene ningún respeto.
Ante el repudio local, Lastiri cree que le bastará con los apoyos nacionales y con los millones y millones acumulados al amparo del poder.
Es el perfecto priísta gandalla.
Una especie que, pese a lo que se cree, no está en peligro de extinción.