Hace unos días, durante la marcha para conmemorar el quinto mes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se conjugaron el sentimiento de insatisfacción de los padres de los jóvenes normalistas y el vandalismo de grupos de encapuchados a monumentos del Distrito Federal, entre ellos el basamento de la Columna de la Independencia, así como en sus obeliscos de granito y algunas esculturas de bronce que forman parte del patrimonio nacional.
Según los especialistas, aproximadamente dos meses tardará el retiro de los grafitis en el Ángel de la Independencia, donde personal del Instituto Nacional de Bellas Artes ya realiza trabajos de restauración; el INBA, por cierto, ya ratificó ante el Ministerio Público la denuncia penal presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de quien resulte responsable por los daños sufridos al monumento histórico.
Los hechos ocurridos en “El Ángel”, como es conocido popularmente este ícono cultural y uno de los monumentos más representativos de nuestro país, provocaron la indignación de muchos mexicanos que, en redes sociales, vertieron diversidad de comentarios.
La referencia viene a cuento porque el mismo día que estos indignantes acontecimientos ocurrieron en la ciudad de México, el Congreso de Puebla aprobaba en comisiones una iniciativa de ley que busca inhibir y poner mano firme a quienes precisamente afecten el patrimonio histórico de los poblanos, con una pena de 3 a 6 años de prisión, y calificando esta conducta como delito grave –asunto que ha molestado a las buenas conciencias del estado, que se han indignado y tirado al suelo por tal “atrevimiento”; las mismas buenas conciencias que no se han puesto a pensar que lo mismo que sucedió en “El Ángel” podría suceder en el patrimonio edificado de Puebla, so pretexto la reivindicación de cualquier causa, justa o injusta, social, política, cultural o económica-.
Con la iniciativa se busca precisamente que este tipo de acciones no ocurran en nuestra ciudad y que si ello se presenta, se aplique la ley.
Así de fácil.
La iniciativa que será votada en el pleno del Congreso este miércoles, también sanciona de 1 a 3 años de prisión a quienes realicen pintas en propiedad privada; y de 2 a 4 años a quienes las efectúen en bienes de dominio público; y de 30 a 90 días de trabajo comunitario en ambos casos.
Adicionalmente, establece que los que dañen el equipamiento o infraestructura urbana, recibirán de 2 a 3 años de prisión; mientras que quienes lo realicen en bienes muebles o inmuebles destinados a la prestación de servicios tendrán una pena de 3 a 5 años de prisión, en ambos casos tendrán de 180 a 360 días de trabajo a favor de la comunidad.
Lo más importante, me parece, es que la ley incorpora la figura de Indemnatos, a través de la cual se establece que si existe la reparación del daño y se otorga el perdón, se extingue el proceso penal.
Es decir: no hay la tan anunciada “represión” y “persecución” que denuncian los defensores del vandalismo, algo muy diferente a los artistas del grafiti, éstos sí merecedores de atención y espacios para su libre expresión.
En ese sentido, es importante destacar que con el objetivo de mantener espacios para aquellos que efectúan el grafiti como una forma de libre expresión, en su transitorio tercero la iniciativa establece que los Ayuntamientos deberán fomentar la creación de espacios de expresión artística y cultural.
¿Cómo estar en contra de una iniciativa así?
¿Cómo después de ver lo ocurrido en la Columna de la Independencia, espejo en el que debemos mirarnos todos los poblanos para evitar que su reflejo un día nos alcance?
¿Es tan difícil entenderlo?